Los dos principales partidos de izquierda de Huelva han marcado en el inicio del año su prioridad por la lucha contra la contrarreforma que el Partido Popular prevé sobre la normativa en materia de interrupción voluntaria del embarazo; y no es para menos, puesto que la normativa elaborada por la derecha, a instancias del ministro Alberto Ruiz Gallardón, supone un importante paso atrás, que antepone la moral y los principios religiosos, a los derechos de las mujeres.
Así, por un lado, la secretaria de Igualdad de los socialistas de Huelva, María José Cortil, ha anunciado movilizaciones ante la reforma de la Ley del Aborto “innecesaria e injusta” que pretende llevar a cabo el Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy. Por ello, desde el PSOE de Huelva se van a poner en marcha distintas acciones para “explicar las consecuencias que tendría esta reforma de la ley e intentar frenarla”. Según la dirigente socialista, “esta reforma ataca directamente a la libertad de las mujeres, retrocediendo en 40 años, ya que pretende eliminar derechos adquiridos después de décadas de lucha”. Por ello, ha insistido en que “las mujeres no pueden pagar las consecuencias de un Gobierno que busca apoyos en la extrema derecha”.
Por otro lado, el area provincial de la Mujer de Izquierda Unida en Huelva ha informado de que el próximo jueves los colectivos feministas han convocado una concentración de protesta contra la reforma de la Ley del Aborto, que tendrá lugar a partir de las 18.00 horas frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno, ante lo que ha hecho un llamamiento a participar en esta movilización “contra una ley regresiva, machista y que impone una ideología reaccionaria a las mujeres, a las que el PP quiere impedir su derecho a decidir sobre su maternidad”. En este sentido, la responsable provincial del Área de la Mujer de Izquierda Unida, Charo González, ha indicado que “el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a su libre decisión”, ya que “se trata de un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios”.
Cortil ha alertado de que “con esta reforma sólo podrán abortar el ocho por ciento de las mujeres que lo hacen ahora, mientras que el 92% restante sólo lo harán con garantías si tienen dinero para hacerlo fuera del país”. “Una medida injusta que ataca a la igualdad entre las propias mujeres, afectando prioritariamente a aquellas que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad social”, ha añadido. Igualmente, ha recordado que la ley aprobada por el Ejecutivo socialista en 2010 “no estaba pidiendo ningún cambio en esta legislación”, porque daba “seguridad jurídica y sanitaria a las mujeres y a los profesionales”, además de contemplar “educación en valores y medidas de planificación familiar e igualdad y equiparando a España con los países más desarrollados de su entorno”. Para la dirigente socialista, la reforma de esta ley es un “despropósito, tanto que han empezado incluso a sonar voces discordantes dentro del PP”. Por ello, Cortil ha pedido a las mujeres onubenses que “se levanten ante tal atropello y defiendan sus derechos y libertades”, puesto que “los derechos de las mujeres nunca se garantizarán si no lo siguen reivindicando continuamente”, ya que “desde algunas ideologías se aprovechará cualquier coyuntura para atacar o retroceder”.
Mientras tanto, desde IU han defendido “el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones”. Según IU-CA, el PP plantea una reforma “restrictiva y retrógrada” que “vulnera derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad”, por lo que han pedido una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en la que se contemple, “como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con la coeducación real y efectiva, con la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres”, entre otros, “una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por las razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas, una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios que lo practican”.
