La situación de asfixia de Ayuntamientos como el de Rota ha hecho que Izquierda Unida presente una moción para el próximo pleno ordinario del mes de febrero en el que solicitará al Estado un debate profundo acerca de la Ley de Financiación Local y Autonómica, para que esta garantice la suficiencia económica a las administraciones locales.
En su exposición, Izquierda Unida recuerda que desde hace más de 35 años los Ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo. "Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación municipal, y siempre la FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos", recuerdan desde IU. Pero denuncian que "ni los gobiernos del PP ni los del PSOE resolvieron jamás el problema de la financiación local. Las leyes aprobadas en estos últimos años por el Gobierno de Mariano Rajoy han venido a complicar aún más la situación y han conseguido aumentar la asfixia económica de los ayuntamientos y comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público".
La 'reforma exprés' del artículo 135 de la Constitución abrió el camino a una serie de normas que "constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo de las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos", denuncian desde IU. Con ese acuerdo político entre PP y PSOE, se introdujo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional fue cuando se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que contempla las tres reglas fiscales que han sido convertidas en 'sagradas', como son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, a juicio del partido, es "el más inexplicable" de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones. Debe utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, se anteponen claramente los intereses de la banca a los intereses de la mayoría social o, dicho de otra forma, se pone la economía al servicio de una minoría privilegiada a costa de menguar las condiciones de vida de la mayoría.
La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que ha sido ampliamente puesta en solfa en el Constitucional, ha supuesto para los ayuntamientos que quieren poner en marcha nuevos servicios públicos en sus pueblos tener que pasar por verdaderos quebraderos de cabeza. "Es injusto teniendo en cuenta que somos la administración más cercana a los ciudadanos y los que menos participación tenemos en los ingresos del Estado. Lo que solicitamos los ayuntamientos es justo lo contrario, queremos más capacidad de gestión directa, más competencias y por supuesto más financiación para poder desarrollar dichas competencias y dar mejor servicio diario a los y las ciudadanas", indican. Por eso, los representantes políticos de IU en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y en la CNAL (Comisión Nacional de la Administración Local) han puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el modelo de financiación de los ayuntamientos y la de derogar la LRSAL (Ley de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y la modificación de La Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero desgraciadamente todas sus reivindicaciones "han caído en saco roto".
En la actualidad y debido a la nueva situación política, estas cuestiones han vuelto a la actualidad, de hecho, en la última conferencia de presidentes autonómicos se trató el tema de la financiación, y por este motivo desde IU entienden que es necesario que desde los ayuntamientos se exija que la financiación local sea abordada en igualdad de condiciones y de forma paralela que la autonómica.
"En esta materia no caben ya soluciones a medias y es el momento de abordar este asunto con urgencia. Ya no caben demoras, demagogias, ni disculpas. El municipalismo y la resolución de sus problemas financieros no pueden quedar, otra vez, relegados como a lo largo de la reciente historia", reclaman.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida pedirá al Pleno que exija al Presidente de Gobierno que garantice un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos, así como que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la igualdad de los municipios , la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos con independencia del municipio donde residan (grande o pequeño) .
También pedirán el apoyo de la Corporación para exigir al Presidente de Gobierno el compromiso para la aprobación de una nueva Ley de Gobierno local, y una nueva Ley de financiación Local, que con el más amplio consenso político, establezca el nuevo marco competencial municipal con la financiación adecuada y suficiente.
Así mismo se exigirá a las comunidades autónomas la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas y a Andalucía al cumplimiento estricto de la ya creada por Ley (PATRICA). Y todo ello en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales que hoy asumen sin compensación alguna competencias claramente autonómicas.
Esta moción también quiere apoyar e instar a la FEMP a que ponga en marcha las iniciativas necesarias para conseguir estos objetivos, ante la insostenibilidad de la situación de financiación municipal existente en este momento, sin excluir las medidas de presión y reivindicativas que se consideren oportunas, y se propondrá a la FEMP la realización de plenos en todos los ayuntamientos del Estado español en la misma fecha para mostrar el desacuerdo con la situación actual, exigir un acuerdo de financiación justo y suficiente y apoyar cuantas medidas se consideren oportunas para conseguir estos objetivos.
De la presente moción se dará traslado al Presidente de Gobierno de España, así como al ministro de Economía, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a la presidencia de gobierno de las Comunidades Autónomas y a sus grupos parlamentarios, y a la FEMP y en su caso a las asociaciones de municipios de cada territorio.
