Según anunció el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, la querella también se dirige contra otros dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; miembros del Consell como el vicepresidente Vicente Rambla, dirigentes de la trama Gürtel como Francisco Correa y Álvaro Pérez, y constructoras como Facsa, Enrique Ortiz, Sedesa y Lubasa.
Luna explicó en una rueda de prensa que la querella, firmada por cuatro diputados de la dirección del grupo parlamentario socialista, cuenta con el respaldo de la dirección del PSOE y se presenta después de no poder realizar “un control político” de los hechos denunciados en diferentes informes de la Policía Judicial sobre una supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano.
La querella también va dirigida contra la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Salvadora Ibars, el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García y otros dirigentes de firmas relacionadas con la trama, como Cándido Herrero, Pablo Crespo o José Luis Izquierdos.
Asimismo se dirige al grupo empresarial PIAF, que como el resto de compañías mencionadas anteriormente tenía contratos públicos con la Generalitat y contribuía a “sufragar la financiación ilegal de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunitat Valenciana”, según indicó Luna.
La decisión de incluir a los empresarios en la querella se debe a que el PSPV considera que “no sería ni serio ni razonable” dejar fuera de la querella “a los autores de algunas de esas conductas que aparecen” en los citados informes, ya que “cuando se reciben presiones ilegales hay que saber aguantarlas”.
El portavoz parlamentario precisó que cuando llegue el momento de hacer la calificación de los delitos que se imputan a estas empresas “se puedan regular las consecuencias penales de estos hechos con el juego de los agravantes y los atenuantes”.
El socialista fundamentó la denuncia en distintos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, así como en declaraciones judiciales y conversaciones telefónicas que a su juicio “ponen de manifiesto la vinculación estrecha entre la trama Gürtel y la dirección del PPCV, con el presidente Camps a la cabeza”.
