El equipo de Gobierno socialista logró sacar adelante la polémica modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) gracias al voto de calidad del alcalde. Este punto tiene su origen en la eliminación de las comisiones de servicio en diciembre pasado.
Desde Arcos en Común, su portavoz, Susana Pérez, mostró su abstención ante las dudas que le asaltaron en torno a un documento difícil de entender, de ahí que expresara su abstención al punto. No obstante, agradeció los pasos que se vienen dando para la estabilidad de la plantilla municipal y el trabajo que numerosos operarios han seguido desempeñando a pesar de habérsele tocado sus retribuciones. Pérez instó al Gobierno a la creación de una mesa donde se puedan estudiar estas decisiones y pidió al ejecutivo que no lleve a cabo estas medidas con prisas. Justificó su abstención con su desacuerdo en determinadas modificaciones y con la falta, por ejemplo, de fichas técnicas personalizadas y otros datos.
En el caso de Ai-Pro, también se abstuvo argumentando el desacuerdo entre sindicatos y equipo de Gobierno, pero sobre todo por las formas en que ha actuado el ejecutivo y porque no se aborda la RPT en su generalidad. No obstante, su portavoz, Manuel Erdozain, mostró su acuerdo con la parte que viene a regularizar la situación de 25 trabajadores afectados por la eliminación de las comisiones de servicio. Erdozain llegó a hablar de “ataque a los trabajadores” y de déficit democrático del equipo de Gobierno, pero admitió que buscar la idoneidad de la plantilla es un reto a cumplir.
Desde el PP, su portavoz, José Luis Núñez, pidió que se dejara sobre la mesa el punto para estudiarlo más detenidamente y aportar nuevas ideas. Se lamentó de que la modificación llegara al Pleno sin acuerdo entre los grupos y que una de sus consecuencias haya sido la pérdida de funciones de la oficial mayor del Ayuntamiento. Pero sobre todo criticó la falta de información. Sin embargo, admitió que una RPT nunca contenta al cien por cien de la plantilla, como también expresó sus dudas sobre la creación de determinadas plazas y sobre la posible discriminación que se estaría dando entre la plantilla de trabajadores.
Por parte del equipo de Gobierno socialista, su portavoz en este asunto, la delegada de Hacienda y Personal, María José González Peña, se lamentó de que tanto PP como Ai-Pro “no se tomaran la molestia” de enmendar los posibles errores de la RPT vigente, que data de 2014. Igualmente, echó en cara al PP que el objetivo de una RPT no es contentar a la plantilla, sino situar ésta en los niveles de exigencia de los servicios públicos que demandan los ciudadanos, que es bien distinto. Asimismo, señaló que la modificación viene avalada por Intervención y por el jefe de Personal, para aludir al próximo Presupuesto General como el marco que propiciaría la creación de nuevas plazas. González Peña entendió la postura de Arcos en Común pero no la del PP y Ai-Pro, a los que acusó de no haber buscado la estabilidad de la plantilla. A todo, el alcalde, Isidoro Gambín, intervino para señalar que abordar la situación de los trabajadores públicos siempre resulta una cuestión susceptible, a lo que añadió que es su responsabilidad introducir elementos de coherencia y sentido común en la gestión laboral en el Ayuntamiento. Así pues, defendió que el proceso de regularización comience por los funcionarios, para seguir posteriormente por los interinos y por los laborales. Gambín diría que seguirá adelante con estos planteamientos “cueste lo que cueste”, no sin admitir el enfado de más de un trabajador al perder retribuciones. Además, indicó al PP que el punto no se puede retirar porque no se trata de una negociación colectiva, sino de situaciones particulares.
Policía Local
También en materia laboral, el Pleno abordó un segundo punto sobre el servicio regulador de la Policía Local, que quedó aprobado por unanimidad aunque con cuatro abstenciones. Se trata, en suma, de una especie de gratificación pactada por la cantidad de horas extraordinarias que la plantilla de la Policía debe cubrir con motivo de los acontecimientos que exigen su presencia, dado que la plantilla es muy corta respecto a las necesidades del servicio. El Gobierno aclara que no se trata de favoritismo hacia la Policía, sino de garantizar el servicio que necesita la población. Un dato que justifica el punto en cierto modo, es que se denegó a la Policía Local un total de 200 días por asuntos propios ante la saturación de trabajo.
Si bien Arcos Común expresó algunas dudas pese a su voto favorable, Ai-Pro centró en este caso su intervención en reclamar al equipo de Gobierno la aprobación del Presupuesto General. Igualmente, criticó la posible falta de negociación y sobre todo que las medidas no afecten a otros colectivos de trabajadores públicos ajenos a la Policía. Erdozain habló de discriminación y sacó a relucir los contratos de servicio efectuados con empresas privadas ante la negativa del Gobierno municipal a seguir pagando horas extraordinarias. El PP se abstuvo porque las medidas se centran en la Policía y no en otros colectivos, como explicó el portavoz José Luis Núñez.
En su intervención, la delegada de Personal matizó que las medidas son tendentes al cumplimiento de algunos compromisos electorales, en el caso de la creación de la llamada Patrulla Verde para luchar contra las agresiones al medio ambiente. Además, por ley, la plantilla policial debe cumplir una estructura piramidal en la que se contempla la creación de la figura del inspector jefe, aspecto éste que no se tuvo en cuenta en la RPT de 2014. González Peña estableció una diferencia lógica entre policías y resto de trabajadores porque las funciones son bien distintas. Estas medidas no supondrán, no obstante, mayor gasto en el Ayuntamiento, ya que la cobertura de eventos por la Policía viene costando 212.000 euros anuales; cantidad que finalmente acabará saliendo del concepto de disponibilidad del cuerpo de seguridad.
A partir de ahí el debate se fue por las ramas, para que cada grupo defendiera su aportación a las condiciones laborales de los policías de Arcos. Este debe sacó a relucir que, a día de hoy, la Policía aún no ha podido instalarse en la nueva jefatura dentro de los juzgados. La subvención recibida para ello desde la Junta hace años fue empleada en otras gestiones municipales por el entonces gobierno de la alcaldesa Pepa Caro.
Asimismo, salió a relucir que durante el anterior mandato con el PP y Ai-Pro en el gobierno se llegaron a pagar cerca de 6.000 euros mensuales en gratificaciones y productividades a algún que otro trabajador; situación que el propio alcalde tildó de injusta.
El Pleno se cerró con la aprobación de una modificación de las ordenanzas fiscales, concretamente de la tasa por servicios urbanísticos. El objetivo es hacer más fácil e incentivar las inversiones privadas en el municipio. Ello provocará que los inversores paguen tasas más bajas.
Tercer pleno
Sorpresivamente, se convocó un tercer pleno el pasado lunes, en este caso para la aprobación de un proyecto de actuación de cara a la creación de un centro hípico en la finca Los Agustinos. Como no podía ser de otro modo, todos los grupos votaron a favor de una iniciativa empresarial susceptible de crear empleo, riqueza y un nuevo atractivo turístico en el municipio.
