El Parlamento catalán ha aprobado este jueves, con los votos de CiU, PP y C's, la abstención del PSC y el rechazo de ERC, ICV-EUiA y la CUP, una moción de los populares que expresa el "apoyo" a las acciones llevadas a cabo por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana en el desalojo de la casa 'okupa' de Can Vies.
La moción también reconoce el papel de los vecinos, los comerciantes y los Bomberos de Barcelona que han contribuido "a paliar los daños ocasionados" en las varias noches de disturbios en el barrio de Sants que hubo tras el deslojo.
El diputado del PP Pere Calbó ha alertado de la radicalización de los grupos violentos que "cada vez son más conocedores de las tácticas policiales" y que han radicalizado sus métodos con la utilización del fuego en los disturbios que ocasionan.
ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP han criticado que la moción del PP era "sesgada" ya que, en su redactado inicial --que finalmente ha sido modificado--, hablaba de los "grupos de izquierda radical que utilizan la violencia para conseguir sus objetivos".
El diputado del PSC Ferran Pedret ha lamentado que el PP solo considera violencia a aquellos grupos "que le señalan con el dedo", mientras que se olvida, ha criticado, de los grupos violentos de extrema derecha que hay en el Estado y que también deben ser motivo de preocupación.
Para Jaume Bosch (ICV-EUiA), el objetivo de la moción del PP era exclusivamente vincular la violencia "a la izquierda y a la inmigración", por lo que su grupo ha decidido no sumarse pese a que condena cualquier acto de violencia, ha aclarado.
RECHAZO A LA VIOLENCIA URBANA
Con el aval de todos los grupos de la Cámara menos ICV-EUiA y la CUP, que se han abstenido, el Parlament también ha aprobado que "cualquier objetivo político y social queda deslegitimado por el uso de la violencia".
Con el rechazo de ERC e ICV-EUiA, el Parlament también invita en su texto a los ciudadanos y a los medios de comunicación "a contribuir, cada uno desde su ámbito, a expresar el rechazo a la violencia urbana".
Por último, el Parlament ha aprobado que la Generalitat y los ayuntamientos afectados por actos vandálicos se coordinen para presentarse como acusación particular en procesos judiciales relaciones con grupos radicales; por el contrario, se ha rechazado crear un fondo económico destinado a la "reparación de daños" por vandalismo que no cubran los seguros.
