La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública.
LA TRAMA DE LOS ERE
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados.
Pues bien, un documento fechado el 25 de enero de 2012 por la propia Guardia Civil alude al papel de María José Cervantes en los hechos cuando gobernaba el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas. El documento del atestado, en concreto, alude al exsindicalista jiennense Juan Lanzas, también uno de los principales imputados, pues él habría sido quien indicó "los pasos a seguir" en cuanto al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa Aglomerados Morell S.A. en el marco del traslado de sus instalaciones a Villanueva del Río y Minas.
Y es que tales "pasos a seguir", según desgrana el documento, habrían implicado el "inicio" de un ERE que se tradujo en 24 prejubilaciones entre cuyos beneficiarios figuraban dos personas ajenas a la propia plantilla de Aglomerados Morell S.A., lo que les convierte en "intrusos" de este expediente de regulación de empleo. Otro de los "pasos" habría sido, textualmente, "contratar a personas residentes en la localidad de traslado, para lo cual, mantienen varias reuniones con la alcaldesa socialista a fin de que esta consiga un beneficio electoral y actúe como medida de 'presión' para facilitar así las subvenciones necesarias para dicho traslado".
LAS REUNIONES DE AGLOMERADOS MORELL
El documento contiene una anotación que hace "hincapié en la declaración efectuada por María José Cervantes, de la cual se extrae la afirmación en un principio de su no participación en reuniones respecto al traslado de Aglomerados Morell S.A. y, tras mostrarle un documento de fecha 23 de mayo de 2006 en el que se refleja lo contrario, declara que el motivo de la reunión con los administradores de Aglomerados Morell versaba sobre el traslado de la empresa. De igual forma, afirma no conocer a Juan Lanzas".
A esta información se suma la reciente comparecencia de Francisco Javier Guerrero ante los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, resumida en un atestado fechado el pasado viernes y recogido por Europa Press. En este atestado, sobre el ERE de Aglomerados Morell S.A. y el papel de María José Cervantes, Guerrero manifiesta a los investigadores que Jorge Morell y Juan Lanzas le propusieron la operación en cuestión y que Antonio Rivas, entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, le comunicó el "interés" de María José Cervantes en "que se acometiera el proyecto", que implicaba el desembarco de la empresa en este municipio.
No obstante, Guerrero ha defendido que "nunca" se reunió con la entonces alcaldesa, aunque sí se reunió en dos ocasiones con Jorge Morell.
