El documento logró un apoyo casi unánime de los 192 países que integran la ONU, ya que a favor votaron 187 miembros, en contra dos (EE.UU. e Israel) y hubo 3 abstenciones (Islas Marshall, Palau y Micronesia).
Esta es la decimonovena ocasión consecutiva en que la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncia a favor de la resolución presentada, en esta ocasión, por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, para pedir el fin de esas sanciones contra la isla.
Poco antes de la votación, el ministro cubano de Relaciones Exteriores criticó en su intervención al presidente de EE.UU., Barack Obama, por mantener intacto el embargo pese a su promesa de "un nuevo comienzo" en la política hacia La Habana.
"Los hechos confirman que nada ha cambiado, ni ha utilizado sus amplias prerrogativas para flexibilizar el bloqueo. Las sanciones contra Cuba permanecen intactas y se aplican con todo rigor", dijo.
Rodríguez citó varios casos de fármacos y productos médicos que están fuera del alcance de la sanidad cubana por esas sanciones.
También restó importancia a la ampliación de los intercambios culturales en los dos últimos años, ya que consideró que continúan sujetos a "a severas restricciones".
"Es evidente que los Estados Unidos no tienen intención alguna de eliminar el bloqueo", resaltó el canciller cubano, para quien la Casa Blanca supedita el deseo de la mayoría de los estadounidenses de que se levante el embargo a los "intereses especiales" de una minoría partidaria de mantener las sanciones.
"La política de Estados Unidos contra Cuba no tiene sustento ético o legal alguno, credibilidad ni apoyo. Así lo demuestran los más de 180 votos en esta Asamblea General de las Naciones Unidas que en los últimos años han reclamado que se le ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero", indicó.
Rodríguez mencionó en su discurso las reformas económicas del Gobierno cubano en los últimos meses.
Asimismo, rechazó que obedezcan a un intento de "complacer" a Washington y resaltó que "van dirigidas a actualizar y hacer eficiente" su modelo económico y a "desarrollar" el socialismo.
Por su parte, el representante estadounidense, Ronald Goddard, subrayó que el embargo es un "asunto bilateral" que se enmarca en el derecho soberano de su país de establecer la política comercial que le parezca adecuada.
Asimismo, lamentó que el canciller cubano volviera a equiparar las sanciones con un "acto de genocidio" y recordó que EE.UU. es en la actualidad el quinto socio comercial de La Habana.
Goddard señaló que el intercambio comercial entre EE.UU. y Cuba fue de 533 millones de dólares en 2009 y resaltó que Washington no pone límites a la ayuda humanitaria.
También aseguró que el Gobierno de Obama ha puesto en marcha en los últimos 21 meses cambios en su política hacia Cuba, entre los que citó la eliminación de las restricciones a las visitas de los cubanoamericanos a la isla y al envío de ayuda a sus familiares.
De todas formas, advirtió que ambos países no podrán abrir por completo una nueva etapa hasta que los cubanos "disfruten" de los derechos que contempla la Carta de Naciones Unidas.
Como en años anteriores, el proyecto de resolución de condena presentado por la delegación cubana contó con el apoyo de la mayoría de los grandes grupos regionales que conforman la Asamblea General.
Por su parte, los países de la Unión Europea (UE) volvieron a manifestar su rechazo a los efectos de las sanciones de EE.UU., que entre otras cosas afectan a empresas europeas con presencia en Cuba.
Al mismo tiempo, el embajador belga ante la ONU, Jan Grauls, expresó en nombre de los Veintisiete su satisfacción por las recientes excarcelaciones de presos políticos en la isla, aunque insistió en que el régimen cubano debe liberar a todos los presos de conciencia y garantizar que los cubanos puedan disfrutar de las libertades básicas.
El embargo estadounidense sobre Cuba se inició de manera oficial el 7 de febrero de 1962, bajo el Gobierno de John F. Kennedy, pero ya Washington había impuesto ciertas sanciones a partir de 1959.
Según el Gobierno cubano, el embargo ha supuesto daños económicos directos al pueblo cubano de 100.154 millones de dólares a precios corrientes, que equivalen a 239.533 millones tomando como base la inflación de precios minoristas en EEUU o de 751.363 millones si se mide en términos de la cotización del oro en el mercado internacional.
