El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido este miércoles la cohesión y la unidad de todas las fuerzas políticas en la financiación autonómica para lograr "el gran acuerdo de una España justa", y que hasta que haya nuevo modelo se aplique con urgencia un Fondo de nivelación transitoria, efectivo ya este año.

Puig ha anunciado tras reunirse con la Plataforma per un finançament just -formada por partidos políticos, sindicatos y patronal- que el Gobierno valenciano asume y va a remitir al Ministerio de Hacienda el informe que los expertos valencianos en financiación autonómica han elaborado con las alegaciones a la propuesta ministerial sobre el criterio de reparto del nuevo modelo.

Los valencianos "queremos equidad, no privilegios; queremos transparencia, no discrecionalidad; queremos suficiencia dinámica, no rigidez; queremos compensación de la deuda, no olvido; queremos, en una palabra, justicia", ha indicado Puig, quien ha destacado que esta es "una reivindicación de toda la sociedad valenciana" y de todos los partidos.

El president ha asegurado que los valencianos van a "trabajar intensamente" por un acuerdo", y ha abogado por transformar la "unidad de acción" mantenida hasta ahora en "unidad de negociación" para conseguirlo. "Esperamos esa misma actitud de rigor, empatía y voluntad de una España justa en el resto de territorios y en todos los grupos del Congreso de los Diputados", ha señalado.

Puig ha destacado que, después de ocho años con un sistema de financiación "injusto y caducado", se ha conseguido que el Ministerio de Hacienda presente una propuesta de reforma, con lo que se ha "abierto el debate por una España más justa".

Ha considerado "un avance muy positivo" que el Ministerio haya situado la 'población ajustada', tal y como pide la Comunitat Valenciana, como el criterio básico para determinar las necesidades de las comunidades y garantizar la equidad en el reparto.

"Lo que queremos es una financiación justa para todos los territorios, sin ganadores ni derrotados, sin españoles de primera y de segunda, con un acuerdo que es imprescindible", ha insistido.

Puig ha precisado que las alegaciones valencianas han sido elaboradas "con voluntad constructiva" e incorporan cinco grandes demandas, la primera de las cuales es que en la 'población ajustada' desaparezcan los "fondos discrecionales que impiden de facto un reparto justo" y se eliminen las variables "no poblacionales", pues están "injustificadas y generan asimetrías inaceptables".

En segundo lugar, la Generalitat propone cambios técnicos para recalcular las variables, con la finalidad de hacerlas "más reales" y lograr "un sistema más simple, más transparente, más equitativo". Para ello, plantea que en sanidad, se utilice la población de derecho por tramos de edad, en lugar de la población protegida.

Además, en educación propone que se incluya la totalidad de la población de 0 a 17 años y que en enseñanza superior se ponderen las tasas netas de escolarización, y en servicios sociales que se incorpore la población dependiente de menos de 65 años y se ajuste el peso de esta variable al que realmente tiene en el gasto social, y que en el resto de servicios sociales haya una ponderación superior a la planteada.

En tercer lugar, la Generalitat reclama que el nuevo sistema de financiación "tenga suficiencia, es decir, que garantice la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de funciones y que también se adapte según la evolución de la población", para así evitar que el nuevo sistema "quede obsoleto en pocos años".

En cuarto lugar, y para propiciar esta "suficiencia dinámica", insta a "una redistribución más eficiente de los recursos entre la Administración central, autonómica y local", con un reparto que "atienda mejor" las responsabilidades asignadas a cada nivel competencial y que amplíe la participación de las comunidades en las distintas figuras impositivas.

Finalmente, solicita que el nuevo modelo incluya "una solución para la deuda autonómica derivada de tantos años de infrafinanciación", ya que según Puig se tiene que compensar a las autonomías que han "perdido recursos de manera injusta", y hacerlo con un mecanismo "transparente, objetivo y justificado".