Han sido detenidas diez personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión, acusadas de integrar una organización criminal
Cuatro mujeres que eran prostituidas en pisos de San Sebastián han sido liberadas por la Policía Nacional en una operación en la que han sido detenidas diez personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión, acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la trata con fines de explotación sexual.
Según ha informado este cuerpo policial en un comunicado, al menos 52 mujeres habrían sido explotadas por esta banda criminal, que captaba a sus víctimas en Venezuela bajo la promesa de un trabajo digno con el que pagarían la deuda contraída por valor de 4.500 euros.
Sin embargo, las mujeres eran obligadas a prostituirse durante los 90 días que duraba su estancia legal en España y vigiladas continuamente con cámaras de videovigilancia, que eran controladas por los responsables del grupo mediante aplicaciones de telefonía móvil.
La investigación se inició cuando una mujer venezolana denunció mediante correo electrónico que era víctima de trata de seres humanos y que estaba siendo prostituida en un piso de la capital guipuzcoana.
La organización se valía de la situación de precariedad que vivían estas mujeres en Venezuela para ofertarles trabajos ficticios en España.
De este modo, les sufragaban el importe de los billetes de avión y les entregaban una cantidad de dinero suficiente para que pudieran pasar el control fronterizo.
La reserva del hotel también era ficticia y el responsable del establecimiento, ubicado en Burgos, colaboraba con la organización facilitando un datáfono para los cobros con tarjeta con lo que ayudaba a blanquear el dinero proveniente de la explotación.
Las mujeres, una vez en España, eran trasladadas a pisos de San Sebastián, donde se les retiraba el dinero adelantado y se les comunicaba que habían acumulado una deuda de 4.500 euros que debían devolver ejerciendo la prostitución.
Las mujeres eran controladas por otros miembros de la organización, quienes se ocupaban de proporcionarles estupefacientes y de responder a las llamadas de los clientes que previamente habían leído sus anuncios publicados en internet.
Además del propio encargado, los pisos contaban con un sistema de videovigilancia controlado por los responsables del grupo mediante sus móviles.
Las mujeres, una vez finalizado el período de estancia legal de 90 días en España eran liberadas y, desde ese momento, se encontraban en una situación irregular, por lo que debían regresar a su país para evitar la expulsión y prohibición de entrada.
La operación ha culminado con la detención de diez personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión provisional acusadas de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, y contra la salud pública, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.
Además, se han realizado cinco entradas y registros, dos en los pisos donde las víctimas ejercían la prostitución y tres en los domicilios de los principales investigados.
En el operativo se ha intervenido un vehículo, diversa documentación, un arma blanca prohibida, cuatro gramos de marihuana y 2.615 euros en efectivo.