Un total de 71 personas han sido detenidas o están en investigación en varias comunidades autónomas por delitos relacionados con el tráfico ilegal de maderas de especies protegidas, por falsedad documental o contrabando en el marco de la Operación 'Quercus', desarrollada desde finales de 2019 contra el tráfico ilegal de especies de maderas protegidas, en su mayoría procedentes de Brasil y África central.

La operación ha sido realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y ha sido coordinada por Europol e Interpol.

Se trata de la primera operación de estas características que se realiza en España, mediante la coordinación de autoridades nacionales y autonómicas. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico defiende que en su evolución ha sido "fundamental" una herramienta desarrollada en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha permitido a los agentes del SEPRONA detectar las maderas comerciadas ilegalmente in situ y que permite generar una alerta temprana para inmovilizar así una posible mercancía de origen ilegal.

En el marco de la operación Quercus, se realizaron 608 actuaciones en varios comercios e instalaciones dedicados a importar y exportar maderas, a la fabricación de muebles, distribución de parquets, fabricación de instrumentos musicales o palets de madera.

En total se han interpuesto 303 denuncias por distintas infracciones. De estas, 215 eran infracciones relativas a comercialización de maderas. De ellas, 76 se debieron a que no se había presentado la declaración responsable a la que están obligados todos los importadores de madera y otras 82 carecían de un sistema de diligencia debida para analizar y minimizar las oportunidades de importar madera ilegal.

DOS EMPRESAS MADERERAS DEL NORTE IMPLICADAS

Además, se han inspeccionado a dos empresas madereras del norte de España donde se pudieron localizar maderas de Palosanto (Bursera graveolens) y Granadillo (Dalbergia spp.). Estas maderas fueron importadas de forma ilícita de Brasil y África y su importación incumplía reglamentos europeos y convenios internacionales que regulan su gráfico. Estas maderas fueron inmovilizadas y, de hecho, se han iniciado investigaciones al respecto que siguen en curso.

De hecho, algunas de ellas están estrictamente protegidas por el Convenio sobre el Tráfico Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convenio CITES) por estar amenazadas.

El subdirector general de Biodiversidad y Medio Natural del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel Aymerich, ha explicado a Europa Press que la "inquietud" ante el aumento del tráfico ilegal de maderas no solo afecta a España sino a otros países ya que este tráfico está asociado a "organizaciones de tipo mafioso a las que les da igual traficar con madera, que con animales o droga, siempre que tengan un beneficio".

REPERCUSIONES PARA LA BIODIVERSIDAD

Así, ha subrayado la "importancia" de que la sociedad sepa que el tráfico ilegal de madera va más allá de que se corte un árbol que termine convertido en un bien de consumo como un mueble sino que este delito va asociado a un proceso de deforestación a gran escala y sus consecuencias relacionadas.

En estos procesos, según explica, se quema la selva, se cortan los árboles quemados porque normalmente los grandes troncos no se queman y después se extraen del país de manera ilegal.

"No se trata solo de sacar una pieza de un bosque sino de la destrucción completa de los bosques. Cuando se cortan estos grande ejemplares, solo al caer ya rompen muchos árboles a su alrededor y al quitar estos grandes ejemplares se desestructura la propia selva. Supone una pérdida económica y, sobre todo, para las comunidades que allí habitan que se quedan sin su hábitat", ha insistido.

Aymerich recuerda que en la mayoría de las ocasiones estas maderas llegan desde América del Sur y la Cuenca del Congo y ha apuntado que de acuerdo con datos de la ONG Traffic, "solo en Madagascar" se talaron 350.000 árboles de manera ilegal entre 2010 y 2015, mientras que más del 90 por ciento de la madera que se cortó en Mozambique y se exportó a China era de procedencia ilegal. En definitiva, incide en que este fenómeno está muy ligado a la corrupción y las redes de tráfico ilegal internacionales.

En el marco de la operación, ha explicado que a raíz de un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Universidad Politécnica se ha diseñado un método para discriminar de forma preliminar en el terreno si la madera de un cargamento tiene o no origen ilegal en el marco del Plan de Acción Español contra el Tráfico ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES).

El subdirector ha señalado que la Operación Quercus es la primera ocasión en la que se emplea este sistema de identificación que consiste en un kit que permite que con un teléfono móvil y una lupa que se acopla a este, se pasa de la una estructura de lupa de 400 aumentos.

"Las lupas normales llegaban a 20 aumentos, así que esto supone a 20 veces más, mediante el cotejo de las imágenes con guías de control de cada una de las especies que se tienen identificadas", ha destacado. Así, ha añadido que dentro del Convenio CITES hay hasta 600 especies de madera sujetas a protección, por lo que la herramienta se irá alimentando progresivamente, ya que en este momento cuenta con unas 50 especies incluidas.

Aymerich recuerda que las maderas normalmente no llegan en árboles sino en tablones camuflados en cargamentos legales, lo que dificulta su identificación posterior. "Hay que tener pruebas determinantes para parar o no un cargamento", comenta.

El subdirector ha dicho que en el mes de noviembre el Ministerio formó a un total de 35 efectivos del SEPRONA en la identificación de maderas.

Respecto al papel del consumidor final, admite que en la actualidad no tiene medios para conocer si la madera de los productos que consume es legal o no, pero ha recordado la existencia del Reglamento FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, por sus siglas en inglés), un acuerdo entre la UE y los países productores de madera para establecer un sistema de certificación de la procedencia legal de la madera que garantice que la madera que se importa procede de explotaciones forestales sostenibles en el largo plazo.

"Se avanza poco a poco ya que se trata de acuerdos voluntarios. Si bien, necesariamente esto debe ir entrando en los hábitos de consumo de los países interesados", ha concluido.