Los costes indirectos del cáncer ascienden en España a casi 4.400 millones de euros anuales, una variable que los expertos creen que abría que incluir en la evaluación económica que se realiza a la hora de financiar los medicamentos innovadores.
Esta es una de las conclusiones del libro "Análisis de los costes indirectos: el caso del cáncer", elaborado por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con la farmacéutica Amgen, presentado hoy.
El profesor de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, ha puesto de relieve el impacto laboral del cáncer que se traslada a toda la sociedad.
Así, es la primera causa de muerte prematura en personas menores de 65 años y supone cerca de 300.000 años potenciales de vida laboral perdida, lo que trasladado a dinero supone 2.400 millones de euros por fallecimiento prematuro.
Además, produce 74.000 casos de incapacidad temporal cada año, lo que supone 530 millones de euros, a los que habría que sumar otros 1.400 millones ocasionados por incapacidad permanente.
Estas cifras suman casi 4.400 millones de euros de pérdidas laborales anuales ocasionadas por el cáncer, ha señalado este profesor, quien se ha preguntado si estos costes "son meros elementos decorativos" o "si realmente transmiten información sobre la verdadera magnitud del impacto social del cáncer".
El doctor Miguel Martín, jefe de servicio de oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha puesto de relieve el coste cada vez más elevado de los medicamentos innovadores y ha considerado que si demuestran totalmente su eficacia, como los de la hepatitis C, "no se puede dudar".
El problema surge con los fármacos de eficacia relativa, en los que "hasta los propios oncólogos nos estamos planteando cuál es el punto de corte".
En este sentido, el también presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha puesto el ejemplo de un test genético que permite identificar las pacientes con cáncer de mama que pueden evitarse la quimioterapia, al que se sometió la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
Aunque la realización de esta prueba es "muy cara" (2.500 euros), permite que entre un 30 y un 40 % de mujeres no se tengan que someter a "quimio", lo que supone un ahorro directo al que hay que añadir costes indirectos derivados del traslado al hospital de la paciente y su acompañante y de la baja laboral.
