La exhumación de los restos de Franco avalada por una sentencia unánime del Supremo ha vuelto a poner sobre la mesa qué hacer con los restos del general Queipo de Llano que reposan en la basílica de la Macarena. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), con las competencias en Memoria Histórica, ha aludido esta semana a la existencia de informes jurídicos elaborados por el anterior gobierno de la Junta, del PSOE, que desaconsejaban exhumar a Queipo.    

En julio de 2017 y por petición expresa del entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios (PSOE), el Gabinete jurídico de la institución emitió un informe para contestar cuáles eran "las competencias que en relación con la retirada de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano corresponderían a la Consejería competente en materia de Memoria Histórica".

En dicho documento, con fecha 31 de junio, el letrado Manuel Andrés Navarro Atienza señala que "resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos" que la tumba sea  un elemento contrario a la Memoria Democrática.  

En el apartado 1 del artículo 32 que regula cuáles son los elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática se señala que son aquellos escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones exhibidos de forma pública que conmemoren, exalten o enaltezcan el golpe militar de 1936 y el franquismo. Según el informe del gabinete jurídico, "en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática". 

El letrado de la Junta de Andalucía continúa su exposición señalando que "la primera competencia sería la de crear" un comité técnico para "determinar si nos encontramos ante un elemento contrario a la Memoria Democrática de Andalucía". "No parece existir obstáculo a que se cree de manera que pueda ir perfilando los criterios para la aplicación de la norma y pronunciarse sobre supuestos en los que resulta dudoso que se encuentren dentro del ámbito objetivo del artículo 32". 

La Ley de Memoria fija que dicho comité debe crearse cuando los elementos contrarios a la norma "estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público". Dicho ente, cuya formación dependería de una orden del titular de la Consejería con las competencias en Memoria Histórica, debe elaborar la relación de elementos que deben ser retirados o eliminados. Una vez disponible ese listado, "se le notificaría a las personas titulares de los elementos el incumplimiento de su obligación de retirarlos o eliminarnos".      

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha insistido este viernes en que es necesario un desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria para poder abordar los restos del general franquista Queipo de Llano. A preguntas de los periodistas en Jerez de la Frontera, Del Pozo ha recordado que la hermandad ya procedió en su momento voluntariamente a la retirada de todos los símbolos que estaban alrededor de la tumba y que resultaban contrarios a la Memoria y que esto último hizo que un informe jurídico encargado por el Gobierno anterior de la Junta considerara "más que discutible que hubiera que sacar los restos de este señor".