La concejal de Participa en el Ayuntamiento de Sevilla Cristina Honorato ha reclamado este martes la "mediación urgente" de la Oficina de Vivienda del Consistorio hispalense en el caso de la familia del 3B del número cuatro de la calle Cocina de los Ángeles, en el Polígono San Pablo, sobre la que pesa un procedimiento de desahucio por parte del Juzgado de Primera Instancia número 19 a cuenta de las acciones emprendidas por Caja Extremadura.
Después de que la comisión judicial haya acudido este martes a la citada vivienda pero sin consumar el desahucio, Cristina Honorato se ha remitido al testimonio de Vanesa, la mujer que habitaba la vivienda junto a sus dos hijas y su actual pareja, defendiendo que la familia residió en este modesto piso "hasta el pasado jueves 9 de junio", toda vez que el Ayuntamiento hispalense defiende que la vivienda llevaría "meses" deshabitada.
Vanesa, en ese sentido, alega que la familia ha abandonado el inmueble y reside en los hogares de "amistades" para no afrontar el lance del desalojo como tal, exponiendo que es una víctima de la violencia machista que con su actual pareja, Joaquín, padre de su segunda hija, no puede hacer frente a la cuota hipotecaria de 697 euros que pesa sobre ella, porque él está en paro y ella cobra sólo 407 euros y el día 22 de junio quedará también desempleada.
Cristina Honorato, en ese sentido, ha solicitado la mediación urgente de la Oficina por el Derecho a la Vivienda "dada la extrema vulnerabilidad de la familia". Sorprendida por las declaraciones efectuadas por del concejal de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores (PSOE), Honorato las califica de "mezquinas, lamentables y vergonzosas".
"No es de recibo que le digan a esta familia que no pueden hacer nada, porque sí se puede. Se debe negociar con el banco la suspensión del lanzamiento, se debe iniciar el protocolo anti desahucios firmado con los juzgados, se debe buscar una alternativa habitacional. Estas son las medidas que se aprobaron en el pleno y los fines con los que se creó la oficina de la vivienda. Este caso ha visibilizado que los compromisos de Espadas son papel mojado", concluye Honorato.