La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concedido a la entidad Hermanos Bordas Marrodan una licencia de obras para levantar un edificio de tres plantas con ático y garaje, con un total de 37 viviendas, sobre el espacio de las calles Macarena, Antonia Sáenz y Aniceto Sáenz que antaño albergaba el centro social ocupado y autogestionado Casas Viejas, desalojado en noviembre de 2007.
En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, la Gerencia de Urbanismo ha autorizado a esta entidad a levantar "un edificio desarrollado en tres plantas y ático para 37 viviendas y una planta de sótano de aparcamiento para un total de 44 plazas de vehículos y 36 trasteros, (...) para la finca situada en la calle Macarena número 40, esquina con la calle Antonia Sáenz número 12", toda vez que buena parte de los trasteros y las plazas de aparcamiento se encuadran en la parcela correspondiente al número 23 de la calle Aniceto Sáenz.
Recordemos, en ese sentido, que el mencionado centro ocupado y autogestionado Casas Viejas estaba enclavado precisamente entre el número 12 de la calle Antonia Saenz, las naves de la calle Macarena números 40 y 42 y el edificio del número 23 de la calle Aniceto Saenz.
El centro ocupado y autogestionado Casas Viejas, recordémoslo, constituyó el baluarte del movimiento ocupa en Sevilla en la década pasada, hasta su controvertido desalojo a finales de noviembre de 2007 por orden del Juzgado de Primera Instancia número 24, que actuaba merced a la denuncia promovida al respecto por la sociedad Hermanos Bordas Marrodan, como propietaria de los suelos en cuestión.
Aquel desalojo, marcado por un fuerte despliegue policial y la tenaz resistencia de algunos de los ocupas, acabó con no pocos incidentes, fruto de los cuales el Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla condenó a nueve meses de cárcel por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, a dos de los diez ocupas acusados, mientras cuatro de ellos fueron objeto de una multa de 120 euros por una falta de desobediencia y otros cuatro fueron absueltos.
La Audiencia de Sevilla, recientemente y a través de una sentencia recogida por Europa Press, rebajó de nueve a seis meses de prisión la pena impuesta a los condenados por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad.
