Al menos "70 o 75" de los cientos de afectados por la paralización de las obras de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía, han recuperado los anticipos de entre 15.000 y 20.000 euros entregados años atrás para acceder a estos inmuebles. En todos los casos, se trata de adjudicatarios que renunciaron a las viviendas y reclamaron en los tribunales la devolución de sus anticipos.
Tal y como ha explicado a Europa Press José Verdugo, abogado del colectivo de adjudicatarios de esta promoción de viviendas protegidas, después de que en 2012 fuesen entregadas las únicas 73 viviendas finalizadas hasta el momento en este conjunto de 583 VPO cuya entrega estaba comprometida para 2010, son muchos los adjudicatarios que han decidido renunciar a estas viviendas protegidas y reclamar el dinero anticipado años atrás, entre 15.000 y 20.000 euros por familia, aproximadamente.
En un momento en el que los administradores concursales de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa han adjudicado a la constructora FCC la reanudación y culminación de las obras correspondientes a las 510 VPO aún por entregar, José Verdugo explica que sólo su despacho de abogados tramita las acciones emprendidas por unos 150 afectados para renunciar a estas viviendas protegidas y recuperar el dinero anticipado años atrás. "Hay otros abogados que llevan los casos de otros afectados", ha dicho calculando que aproximadamente, "la mitad" de los afectados ha decidido renunciar a las VPO y reclamar el dinero anticipado.
Por lo que a sus 150 casos se refiere, José Verdugo explica que en "70 o 75 casos", los afectados han logrado ya recuperar el dinero anticipado, después de renunciar a las viviendas, recurrir a la vía judicial y acceder 'Millennium Insurance', en su papel de aseguradora de la operación, a devolver el dinero. "En todos los casos, la aseguradora ofrece el dinero en el momento procesal de la audiencia previa. Se trata de acuerdos personalizados en los que los afectados recuperan el cien por ciento del dinero entregado, renuncian a los intereses de demora y sí obtienen el cien por ciento o la mitad de las costas, según los casos", ha pormenorizado.
RECLAMACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Igualmente, ha explicado que el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla mantiene abierta la causa relativa a la demanda por daños y perjuicios promovida por este colectivo de adjudicatarios. Mediante esta demanda en cuestión, los afectados reclaman a la citada fundación más de 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas y los efectos del no aprovechamiento de las mismas.
Esta promoción de viviendas protegidas parte de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado entre 15.000 y 20.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. En 2009, las obras fueron paralizadas a cuenta de las dificultades financieras de la sociedad 'Dolmen Consulting Inmobiliario', encargada de la gestión de la promoción de viviendas. Aunque inicialmente la entrega de las viviendas estaba programada para 2010, no fue hasta 2012 cuando fueron entregadas las 73 únicas viviendas terminadas hasta el momento.
En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se hizo cargo de este préstamo, solicitando el concurso de acreedores para la fundación.
LA VÍA PENAL
Por este mismo conflicto, y a cuenta de la denuncia promovida en su contra por siete empresas proveedoras de esta promoción de viviendas como consecuencia del impago de sus servicios y materiales, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla imputó al hasta ex presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía Santiago Herrero, y a otros directivos de la patronal.
