La plataforma de afectados por las deudas e impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla y en proceso de liquidación, ha emprendido una recogida de firmas a través de Internet para que los gestores de esta administración, ya sean "políticos o no", afronten las "responsabilidades penales" que hubiere en el conflicto. En su recogida de firmas, impulsada mediante la página web 'change.org' y consultada por Europa Press, los afectados aluden a posibles delitos de malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones en la gestión de determinadas ayudas.
Desde la semana pasada, por cierto, está expuesto a alegaciones el expediente de liquidación aprobado de forma inicial por el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir el pasado 25 de junio, cuando la propia plataforma de afectados celebró una protesta a las puertas de la sede de esta institución en vías de liquidación.
EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
Las cifras contenidas en este expediente de liquidación, según la documentación recogida por Europa Press, reflejan que la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir cuenta con un pasivo de 52.204.879 euros calculado a fecha de 30 de abril de 2013 por la "deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, ministerios y diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales y la previsión del coste que supondrá realizar el sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija".
En concreto, este pasivo suma 8.111.413,26 euros que los ayuntamientos adeudarían a la propia Mancomunidad y 44.093.466,34 euros del propio pasivo de la Mancomunidad, siendo esta última cifra repartida entre los once municipios de la Mancomunidad. Así, y por ejemplo, Los Palacios y Villafranca recibe las obligaciones de 4.374.635,17 euros de este pasivo, Utrera un pasivo de 5.837.849,23 euros y El Coronil un pasivo de 754.241,63 euros.
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS
El expediente, además, contempla la enajenación mediante subasta de los bienes inventariados de este organismo, así como la reversión a los ayuntamientos de numerosos inmuebles e infraestructuras, el arbitrio de la Junta de Andalucía en cuanto al pago de la deuda que se transfiere a los ayuntamientos mancomunados y una fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas, a la búsqueda de posibles "responsabilidades técnicas y políticas".
La plataforma de afectados, constituida por extrabajadores, empresarios y autónomos que prestaban servicios a esta administración, ha emprendido en el portal digital 'change.org' una recogida de firmas para reclamar a los gestores de la mancomunidad que asuman la "responsabilidad penal" supuestamente relacionada con el colapso financiero de esta administración, ya sean "políticos o no". Y es que el colectivo de afectados señala que la "gestión de determinadas subvenciones podría ser constitutiva de delitos de malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones".
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