El sector del taxi llevará a cabo más movilizaciones si la Junta de Andalucía aprueba este martes en el Consejo de Gobierno el decreto ley de regulación de la actividad de los vehículos de transporte sin conductor (VTC), tras concluir sin avances la negociación en el Consejo Andaluz del taxi.

Tras más de cuatro horas de reunión del Consejo Andaluz del Taxi, que integran representantes de los taxistas, de las administraciones, sindicatos, consumidores y patronales, para negociar dicho decreto, los taxistas han criticado que la Junta siga en la misma postura y le han reiterado su rechazo a la regulación de los VTC que prepara porque aseguran que "pone en peligro 10.000 empleos".

Fuentes de la Consejería de Fomento no han confirmado si mañana se aprobará dicho decreto en el Consejo de Gobierno y han asegurado que la Junta no propone "el modelo de Madrid sino que la mayoría de las medidas son propuestas por el taxi".

Sin embargo, el presidente de la federación andaluza de autónomos del taxi, Miguel Ruano, han informado, en declaraciones a los periodistas, que mantienen su rechazo a dicho decreto y anunciarán más movilizaciones si se lleva a efecto tras las protestas de las últimas semanas y la huelga del pasado fin de semana.

 



Ha censurado la precipitación de la administración en regular la actividad de las VTC que operan a través de plataformas como Uber y Cabify, y ha agradecido el apoyo de los consumidores porque "saben del peligro ya que la intención de las multinacionales que están detrás de las plataformas es hacerse con el control del taxi y después explotar a los usuarios y subir las tarifas".

El representante de VTC Andalucía Pablo García ha urgido a la Junta a aprobar en tiempo y forma la regulación del sector de VTC, que da empleo a 8.000 personas, y se ha mostrado en contra de algunas barreras a la actividad que plantea dicha regulación como los tiempos de precontratación, los alejamientos de zonas específicas y las restricciones en los descansos.

 



Sobre esto último ha precisado que se perderían más de 1.180 empleos "si se ponen a descansar los vehículos; son las personas las que deben descansar".

Según Pablo García, la Junta ha ratificado que no va a variar la ratio de concesión de nuevas autorizaciones de VTC, que es de uno por cada treinta taxis, y, tras asegurar que se ha cumplido esa ratio, ha denunciado que el "taxi quiere que se expropien VTC para que haya menos en las calles".

En representación de UGT, Juan Antonio González, ha señalado que no comparte en su totalidad el borrador de la Junta, aunque sí está de acuerdo con algunos aspectos, y ha destacado que este sindicato está negociando el primer convenio de VTC en Andalucía para regular las jornadas, descansos y salarios y "evitar un ERE que sería el mayor de la historia de Andalucía porque pone en peligro 8.000 empleos" de trabajadores de ese sector.

Por parte de CCOO, José López Bravo, ha defendido también la necesidad de una regulación de las condiciones laborales de los trabajadores de las VTC y ha apuntado que uno de los problemas de la convivencia de ambos sectores es que hay un exceso de licencias que "ha agravado el volumen de actores".

En representación de los consumidores Jordi Castilla, secretario general de Facua Andalucía, ha señalado que no hay plasmadas medidas de protección a los consumidores en el decreto de la Junta, aunque ha indicado que en la reunión se ha dicho que "lo recogerá la normativa o el reglamento" como, por ejemplo, limitar las tarifas de las VTC, que no haya geolocalización previa o que la responsabilidad pase del usuario a las plataformas.

Fuentes de la Consejería han destacado que la reunión ha sido muy productiva porque han hablado todos los sectores implicados a través del consejo andaluz del taxi, pero los taxistas han alegado que se ha convocado con un día de retraso ha querido levantarse de la mesa, aunque entre todos los han convencido para seguir dialogando.

REGULACIÓN VTC

El próximo 1 de octubre acaba el período transitorio de cuatro años que el gobierno concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de las VTC.

Esa normativa, conocida como decreto "Ábalos", establece que en el plazo de cuatro años los titulares de licencias de VTC sólo podrían realizar trayectos interurbanos, lo que en la práctica supone que la mayoría de estos vehículos debían dejar de operar, al realizar actualmente el grueso de sus desplazamientos en núcleos urbanos.

A 1 de septiembre, según los datos oficiales del ministerio, en España había un total de 17.385 licencias VTC, de las cuales 8.463 corresponden a Madrid, 3.202 a Andalucía y 2.824 a Cataluña (que también tiene ya una regulación para el sector), concentrando entre las tres cerca del 85 % del total nacional.

Estas cerca de 14.500 licencias podrán seguir operando trayectos urbanos, con mayor o menor flexibilidad, a partir del 1 de octubre, a la espera de que las comunidades que no lo han hecho todavía aprueben una legislación clara al respecto o una prórroga de la actual normativa mientras aprueban una nueva.