Este miércoles ha tenido lugar la comisión informativa previa a la celebración el próximo día 18 de este mes del pleno extraordinario al que se va a llevar la propuesta de que el Ayuntamiento de San Fernando se haga cargo del pago de la tasa del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz relativa al servicio de transferencia, tratamiento y transporte de residuos municipal. De esta forma, y una vez que se apruebe en sesión plenaria, a partir del próximo año 2020 será el Consistorio el que asuma el abono de los recibos de este servicio que grava a las viviendas particulares, y que tiene especial afección en las empresas.
En este sentido, el gobierno municipal hace efectivo el compromiso que ya se había alcanzado con la ciudadanía isleña y el sector empresarial de que no se vieran afectados por el pago de estos recibos cuya entrada en vigor fue obligatoria. Por ello, una vez se produzca la aprobación el día 18 se comunicará de forma oficial al Consorcio que el Ayuntamiento asume el abono, de cara a la tramitación necesaria para que en enero ya se aplique la nueva fórmula.
El equipo de Gobierno recuerda que desde el Ayuntamiento se ha tomado nota de las peticiones que durante este tiempo han hecho llegar todos estos colectivos, y por eso en la nueva planificación fiscal asume el abono de la tasa consorcial "que fue aprobada en 2014 por el entonces alcalde de la ciudad, José Loaiza". El abono de esta tasa supone un desembolso de 38 euros anuales en el caso de las viviendas de particulares, mientras que en el caso de las empresas (comercio, hostelería y profesionales) tiene una incidencia mayor y puede llegar a alcanzar una horquilla de entre los 100 y más de 2.000 euros.
"De esta forma, la supresión de la tasa de reciclaje supone un importante ahorro en el sector empresarial, y una apuesta municipal por seguir contribuyendo a la creación de empleo y la dinamización económica", dice el Gobierno en una nota.
Para que eso sea posible y el Ayuntamiento pueda asumir el pago de esta cantidad, que suma un total de 1,8 millones de euros, la planificación fiscal recoge la primera subida del IBI, tras cuatro años de bajada. Así se ingresará un millón de euros que permite compensar sólo algo más de la mitad del coste total de la tasa, ya que el Consistorio tendrá que abonar los más de 800.000 restantes.
Con esta planificación fiscal, el recibo del IBI aumentará sólo entre 10 y 19 euros al año en el caso de los particulares, y entre 19 y 58 euros al año en el caso de comercio, hostelería y profesionales. De esta manera, si se tiene en cuenta que esta ligera subida permite eliminar la tasa de reciclaje, todos estos empresarios finalmente ahorran entre 86 y 1.100 euros en impuestos al año según el tamaño de sus negocios.
Postura unánime para hacer frente a atrasos
En la misma línea de que la ciudadanía no se vea perjudicada, el Ayuntamiento va a seguir trabajando desde el punto de vista jurídico-administrativo en el expediente para asumir el abono de los atrasos de la tasa de reciclaje y llegar a un acuerdo con el Consorcio. Así, tal como se recogía en la providencia dictada ya con anterioridad y conocida por todos los grupos, desde el Ayuntamiento se mantendrá la reclamación para que sea el Consistorio el que asuma el pago de los recibos de ejercicios anteriores.
Desde el Gobierno municipal se ha recordado que todos los pasos incluidos en la providencia ya son de sobra conocidos, incluso se han recogido en mociones aprobadas en el pleno municipal.
Una de ellas era precisamente prever en el presupuesto del año que viene la partida correspondiente al pago de la tasa desde 2020. Por eso, se lleva ya a pleno extraordinario la aprobación de que se asuma la cuota a partir de enero, dada la urgencia de notificar al Consorcio la situación y que se apruebe que sea el Ayuntamiento el que la asuma.
En lo que respecta al abono de los atrasos -punto este que será objeto de otro pleno-, también recogido en la providencia, desde el Ejecutivo municipal hay convencimiento de que hay fórmulas adecuadas para asumir este pago por parte municipal, que debe contar con el consenso de todos los grupos, el mismo acuerdo unánime que ya tuvieron las mociones en las que se instaba al gobierno a tomar esta decisión.
En este sentido, desde el gobierno municipal se ha expresado preocupación por el hecho de que, a la vista de informes "que no dicen nada que no se supiera antes, los representantes de los grupos políticos parezcan estar dando marchas atrás respecto a esta medida tan solicitada por la ciudadanía y con tanta afección en las empresas".
Por ese motivo, de cara a la decisión que haya que adoptar para hacerse cargo de los atrasos, la alcaldesa, Patricia Cavada, convocará a los portavoces para saber su posicionamiento al respecto y poder actuar con el consenso necesario.
Se refiere el Gobierno municipal al informe de Intervención en el que apunta a consecuencias legales "administrativas" y "penales" en el caso de que se apruebe que el Ayuntamiento paga con el presupuesto un servicio que deben pagar los vecinos con sus tasas, como es el caso de los demás servicios municipales. Desde el Gobierno se teme que la asunción por parte del Ayuntamiento no cuente con más respaldo que la de PSOE y Ciudadanos, socios de gobierno y con mayoría absoluta.
