La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha indicado que actualmente se encuentra en proceso de licitación el contrato que permitirá trasladar al desguace los vehículos que actualmente tienen colapsado el Depósito Municipal.

Esta apreciación de la primera edil viene a colación de la nota de prensa remitida este lunes a los medio de comunicación la Plataforma 3R, en la que anunciaba que la administración autonómica ha instado al Ayuntamiento isleño a la retirada de dichos coches y a la desinfección de toda la zona. Además, que la propia Junta ha abierto un expediente sancionador contra el Consistorio por una presunta infracción en materia de residuos.

Cavada ha insistido en que “el Ayuntamiento es el primer interesado en dar una salida a esta situación”, pero ha recordado que “toda licitación tiene unos plazos y unos pliegos, y en eso ha estado trabajando el personal municipal estos meses para poder solventar este problema”.

Este martes también la sección sindical CSIF se ha hecho eco de ese expediente sancionador iniciado por la Junta de Andalucía tras la denuncia que, precisamente, ellos presentaron sobre la situación del Depósito Municipal.

CSIF, en un comunicado, señala que en este procedimiento, que podría acarrear una sanción de 900.509 euros, se le exige al Ayuntamiento de San Fernando adoptar unas medidas cautelares que persiguen garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente. Así, el Consistorio deberá retirar “lo antes posible todos los vehículos abandonados y depositados en este estacionamiento”, así como entregarlos al Centro Autorizado de Tratamiento (desguace) y remitir la documentación que certifique dicha entrega. Y por otro lado, el Ayuntamiento está obligado a limpiar y desinfectar la zona y, posteriormente, remitir un reportaje fotográfico que demuestre que se ha devuelto el estacionamiento a su “primitivo estado”.

CSIF, que alertó en el mes de octubre del año pasado del peligro que suponía la acumulación indebida de vehículos en el depósito, la falta de descontaminación de los mismos y el peligro que suponía para las personas que trabajan en el entorno (hay dos centros educativos y una residencia de mayores), considera “lamentable” que el Gobierno local no haya sido capaz contratar a tiempo, por vía urgente, el servicio de retirada y tratamiento de vehículos como residuos sólidos, pues el anterior había vencido en 2020.

Del mismo modo, la sección sindical lamenta que la “desidia del Ayuntamiento” pueda conllevar una multa de casi un millón de euros, que tendrían que hacer frente todos los ciudadanos de San Fernando.

Por último, CSIF espera que el Gobierno local “depure responsabilidades y acate lo antes posible los requerimientos” de la Junta de Andalucía y “deje de poner en riesgo la salud y la integridad de las personas y del medio ambiente”.