Daniel Cros, en representación del grupo municipal Partido Popular, dio a conocer la moción que presentarán en el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre de este miércoles. En este recurso de participación de la vida política municipal en las instituciones instan al Ayuntamiento que a su vez se dirija al Gobierno Central para la derogación de la obligación de implantar una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferencia y no deficitaria para la recogida de residuos.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular transpone varias directivas comunitarias, entre ellas la Directiva 2018/851 de residuos y obliga a establecer una tasa de residuos a las entidades locales a partir del próximo 10 de abril de 2025. ´ La Directiva Europea es una modificación de la Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE) y forma parte del paquete de Economía Circular adoptado por la Unión Europea para promover un sistema de gestión de residuos más sostenible. Su objetivo es reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización, minimizar el impacto ambiental y fijar objetivos de reciclado para los residuos municipales, entre otros.
La Directiva de Residuos no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer las tasas de basuras. Señala los objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y enumera distintos instrumentos económicos y medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos, tales como la correcta planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos o el uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de los mismos, entre otras.
En este contexto, desde el Grupo Municipal Popular en este Ayuntamiento, manifestamos nuestro profundo rechazo a la obligación de establecer una tasa de residuos por las entidades locales, teniendo que repercutir el coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadanos a partir del próximo 10 de abril de 2025. Esta situación supone un nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos, que tendrán que pagar los costes íntegros de la gestión de residuos, cuando en muchos casos los ayuntamientos venían aliviando esta carga.
El Ayuntamiento deberá repercutir íntegramente al ciudadano el coste total de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin ni siquiera permitir que el municipio apoye a sus contribuyentes asumiendo parte del mismo. La implantación obligada de esta tasa supone un ataque contra la autonomía municipal al impedir que los Ayuntamientos y Entidades Locales hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada municipio.
Es precisamente la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local la que determina que son los municipios o en su defecto las entidades locales las que deben establecer sus propios tributos. Sin embargo, la imposición de esta normativa a los Ayuntamientos supone una clara invasión de sus competencias locales, al impedir explícitamente que puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal.
Por otra parte, las implicaciones de esta medida son numerosas y su aplicación está ocasionando una gran incertidumbre e inseguridad jurídica en los Ayuntamientos por la indefinición y falta de rigor técnico en la redacción de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Sin un texto normativo claro y detallado, los Ayuntamientos harán diferentes interpretaciones en la aplicación de la norma y de sus informes económico-financieros, generando así un caos tributario con cientos de recursos ante los diferentes Tribunales Superiores de Justicia que, en su caso, pueden emir resoluciones diferentes.
Por otro lado, lejos de incentivar el cumplimiento de los objetivos de la economía circular, la nueva tasa impuesta por el Gobierno de Sánchez desincentiva la inversión al verse obligados los municipios a repercutir el coste íntegro de las nuevas inversiones al vecino.
Esta medida supondrá, por tanto, un paso atrás en la implicación de todos los actores en el ciclo de la economía circular y conllevará un menoscabo para el fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana en la consecución del objetivo común de reducir y dar una segunda vida a los residuos, en lugar de fomentar un mayor compromiso a través de incentivos e inversiones.
Por último, desde este grupo municipal nos gustaría resaltar que esta ley supondrá un agravio económico para los ciudadanos en un contexto económico como el actual, especialmente para las familias de menores rentas, que serán las grandes perjudicadas por la imposición de esta nueva tasa de residuos.
Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal insta al Gobierno de España a:
1. Respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal.
2. Derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario de residuos en todos los municipios y por el 100% del coste contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
3. Realizar un estudio del impacto pormenorizado que permita definir el coste por servicio.
4. Poner en marcha un Plan Nacional de infraestructuras para la Economía Circular que apoye la creación de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos. 2 5. Contribuir a sufragar las campañas de comunicación de los ayuntamientos dirigidas a incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de residuos y el reciclaje para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de residuos.
