Después de meses de absoluta paralización, la instrucción del conocido como caso Acinipo se ha vuelto a retomar. El relevo en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de nuestra ciudad de la jueza Judith Saiz por la nueva titular Teresa Maqueda provocó el lógico parón en el tiempo hasta que la nueva responsable ha podido estudiar la extensa documentación. Así el pasado 14 de enero se dictó una providencia en la que Maqueda comenzaba nuevamente la instrucción incorporando nueva documentación, dando traslado a las partes y fijando nuevas declaraciones para los primeros días de febrero.
En cuanto a consideraciones previas se ha dado traslado al fiscal de un escrito en el que el letrado de Francisco Cañestro vuelve a solicitar el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a su patrocinado. Igualmente se ha fijado una fianza de 1000 euros a Izquierda Unida, que de esta forma se podrá personar en la causa tal y como solicitó recientemente. También se da traslado al fiscal de un escrito de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el que este centro directivo solicita mayor concreción del informe solicitado “con el objeto de optimizar el trabajo” y insta al juzgado a que solicite a personal técnico de la Consejería de Economía y Hacienda o de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de la Dirección General del Catastro ya que serían estos organismos de los que depende la comprobación de valores como medio para la determinación de las bases imponibles de los tributos que gravaron las transmisiones de la recalificación de los terrenos del antiguo campo de fútbol.
Hay que señalar como aspecto novedoso la presentación de un informe de la UDYCO sobre el proyecto urbanístico de los Merinos en el que se analizan las compraventas que sufrieron los terrenos a lo largo del tiempo y en el que finalmente se solicita a un juzgado de Marbella la documentación de un procedimiento del año 2004 a instancia de la empresa Metálicas Cabanes y un auto por el que se acordó la finalización del procedimiento y el archivo de las actuaciones. Finalmente a petición de la policía la jueza Maqueda emite un ehorto al juzgado de Marbella para que remita al juzgado la documentación solicitada.
En cuanto a las declaraciones que se van a realizar durante el mes de marzo la jueza a petición del fiscal cita como testigos a dos familiares de Manuel Ruiz Jurado y a petición de Antonio María Marín Lara a tres militantes del Partido Andalucista y a tres directores de entidades bancarias. Por último, a petición del fiscal, se citan en calidad de imputados al arquitecto municipal, Sebastián Naranjo, a los ex concejales Lidia García y Rafael Lara, a los ediles de APR Josefa Valle y Antonio María Marín Lara. Igualmente volverán a tener que declarar, nuevamente, Miguel Ángel Borrego y el directivo de la empres Eroski José Miguel Yubero.
