La Junta Directiva del Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda (CEDER) decidirá este lunes si su gerente, Juan Manuel Gutiérrez, mantiene o no su responsabilidad al frente del grupo de desarrollo serrano, tras ser condenado por sendos delitos de malversación de fondos, falsedad documental y fraude de subvenciones durante su etapa como alcalde de Benadalid, tras la tramitación del proyecto La Posada de Benadalid. El presidente de la entidad, Alfredo Carrasco, ha convocado una reunión en cuyo orden del día aparece dicho propósito. El encuentro se celebrará en el salón de actos del convento de Santo Domingo desde las 17.00 horas.

Esta reunión será la tercera en que se trate este asunto, tras dos fallidas Juntas celebradas con anterioridad, ambas antes de este verano pasado, tras la segunda de las cuales sus miembros decidieron esperar la remisión de un informe técnico para tomar una decisión definitiva. Tal extremo fue denunciado por Izquierda Unida, quien a principios de julio llegó a asegurar que el presidente del grupo dejó sin efecto un acuerdo que habría resuelto el despido por mayoría, tras una tensa reunión. Carrasco replicó negando la mayor, y precisando que sólo se limitó a dar a conocer los posibles alcances de dicha decisión, lo que motivó entonces que los miembros de la Junta se decantasen mayoritariamente por aparcar el asunto a espensas del referido informe técnico. Carrasco no escondió que la reunión fue “muy intensa”; el acta de aquel encuentro, a la que ha tenido acceso RONDA SEMANAL, revela que ciertamente se produjo una primera votación, donde una mayoría de votos se decantaban por el despido; la votación acabó quedando anulada tras la mediación y explicaciones que ofrecieron Carrasco y una técnica de la entidad.

Este periódico ha tenido acceso asimismo al famoso informe técnico solicitado por el CEDER. Lo firma un abogado, Alejandro Rosas Fernández, “con ánimo netamente didáctico y de modo completamente gratuito y desinteresado”, reza el encabezamiento del escrito. El documento ha sido remitido junto con la convocatoria de reunión a los miembros de la Junta Directiva.

El documento viene a apostar por el mantenimiento de Gutiérrez; ofrece seis argumentos, y todos en una misma dirección. Las principales líneas argumentales tienen que ver con la nula relación entre su condena y el puesto de trabajo en cuestión, y las responsabilidades de quienes voten a favor de un posible despido.

En concreto, el letrado conviene que la imposición de la condena a Gutiérrez “no justifica por sí misma el despido objetivo”, apostillando que la inhabilitación del ex alcalde para cargo público no tiene por qué extenderse a su puesto de trabajo como gerente del CEDER. El informe viene a hablar de las consecuencias legales del despido, y de las consecuencias concretas para los miembros de la Junta Directiva, por cuanto a sus responsabilidades. El letrado habla de responsabilidad patrimonial de cada uno de los miembros de la Junta que se pronunciara a favor del despido, al entender el profesional que se trata de una responsabilidad “individual”. Esa dirección inequívoca del informe precisa incluso que no conviene el voto secreto, para poder dilucidarse dichas responsabilidades; llega incluso a reclamar la salvaguarda de la intimidad de Gutiérrez solicitando que no se difunda “en ningún caso” el tenor literal de la sentencia condenatoria entre los miembros, por afectar “severamente” al referido derecho.

En la citación electrónica para esta reunión remitida a los miembros de la Junta Directiva, el presidente de la entidad explica que el encuentro se ha retrasado al haberse esperado durante tres meses un segundo informe que se solicitó a la propia Junta de Andalucía, y que la administración regional no ha remitido aún.

Con estos mimbres, los miembros de la Junta Directiva del CEDER se encuentran en una verdadera encrucijada, cuyo resultado se despejará en unas pocas horas. En la votación del pasado 2 de julio se emitieron un total de 19 votos de todos esos miembros; dos fueron nulos, y uno de ellos blanco; la mayoría se decantó, pese a anularse como se ha dicho dicha votación, por despedir a Juan Manuel Gutiérrez tras el escándalo por su condena; fueron 9 votos. 7 de los sufragios se decantaron por su permanencia al frente de la Gerencia del grupo rondeño de desarrollo.