La Fiscalía ha mantenido este martes su petición de nueve años y tres meses de prisión para el coronel de la Guardia Civil que ha sido juzgado desde el pasado 25 de junio en la Audiencia de Granada acusado de haber permitido presuntamente en 2006 la entrada de toneladas de hachís por la costa granadina a cambio de dinero.
En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el Ministerio Fiscal ha pedido que este alto mando de la Guardia Civil sea condenado por un delito de cohecho cometido por funcionario público y por otro contra la salud pública. Además de la pena de cárcel, ha solicitado el abono de una multa de 6,3 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La acusación popular ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mantenido su petición de 13 años de cárcel y 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superan los diez millones de euros, mientras la defensa pide la libre absolución. En la causa hay otros dos acusados, dos personas que supuestamente colaboraron con este alto mando de la Guardia Civil y que luego confesaron, los cuales no han comparecido en el juicio y están declarados en rebeldía.
El fiscal acusa a este coronel de haber acordado en 2006 con un confidente del cuerpo la entrada de dos alijos de hachís, con más de 4.000 kilos y valorados en cinco millones de euros, por las playas de la costa de Granada, impidiendo que la droga fuera interceptada y asegurando su entrada para su posterior venta a cambio de cobrar 120.000 euros tras cada operación.
A estas dos operaciones se sumaría, según el relato provisional del fiscal, una tercera entrada de droga de escasa calidad que sí sería intervenida por los agentes para justificar las otras que quedarían impunes.
En la primera sesión del juicio el coronel, identificado como F.G.S., negó estos extremos y defendió su inocencia, descartando que tuviera una relación más allá de lo estrictamente profesional con los confidentes con los que trabajaba el cuerpo o que estuviera en contacto con alguno uno de ellos a través de teléfonos exclusivos que desconociera el Instituto Armado.
En el momento de los hechos era comandante destinado en Granada y jefe de Información y Policía Judicial con funciones de dirección y coordinación, entre otros, del equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, con mando en todas las operaciones antidroga a efectuar en la provincia.
