La Junta de Andalucía ha exhortado al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), "como alcalde democrático que se supone que es", a retirar el monolito dedicado al fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, en la plaza de Bibataubín, en el centro de la capital, y ha apuntado a posibles sanciones a aquellos que hagan exaltación del fascismo en el Día de la Toma de Granada, cuando grupos radicales aislados suelen exhibir cada año banderas preconstitucionales y cantar himnos franquistas.

   Así lo ha señalado el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, en la presentación en Granada del anteproyecto de la nueva ley de memoria andaluza, que fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo, y que contempla sanciones por faltas leves (de entre 200 y 2.000 euros) por la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos.

   Naranjo, que ha estado acompañado en rueda de prensa por la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y el representante provincial de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, ha señalado que el "eje estratégico" que subyace en la norma que acaba de empezar ahora su tramitación es el "deber público de la memoria", es decir, que el Estado sea el que tenga la "responsabilidad última" de responder a los derechos de las víctimas.

   En lo que se refiere a la obligación de retirar la simbología franquista (que podrá asumir de manera subsidiaria la Junta), el director general ha dicho que le "sorprende" que lo que ocurre en otros lugares de Europa "aquí parezca revolucionario", y se ha congratulado de que el anteproyecto rechace las razones artísticas para evitar la retirada de los símbolos, como ha alegado siempre el Ayuntamiento de Granada por ejemplo para no trasladar el monolito de Bibataubín.

   En opinión de Naranjo, todas las dictaduras, como las de Hitler o Stalin, y también la de Franco no se caracterizaron por el "buen gusto", sino que más bien perpetraron "bodrios arquitectónicos". "Así que yo creo que no tenemos que preocuparnos mucho del patrimonio histórico artístico, porque estos símbolos suelen ser más bien una agresión al buen gusto", ha considerado.

   Por ello, cree que los ayuntamientos no opondrán resistencia a la retirada de esos símbolos, que ha calculado que en Andalucía son "cientos", y ha animado "fervorosamente" a Torres Hurtado, "como alcalde democrático que se supone que es", y perteneciente a un partido que "respeta la Constitución", a quitar el monolito a un "señor que creó un partido fascista que apoyó un golpe militar".

   También la delegada del Gobierno andaluz ha considerado que esa estatua "no tiene ningún interés artístico" y, en respuesta a preguntas de los periodistas, ha señalado que las sanciones que contemplará la ley podrían afectar a las personas que exhiben banderas preconstitucionales el Día de la Toma de Granada por parte de los Reyes Católicos.

   El director general, que ha hecho un repaso a todas las novedades que incluirá la futura ley, como la protección de las fosas, que tendrán que contar siempre para su exhumación con la supervisión de la Junta, o la expropiación "puntual y temporal" de terrenos privados si sus propietarios se niegan a que en su terreno se lleve a cabo un proceso exhumatorio, ha aclarado, en lo que respecta a la inclusión de asuntos de memoria en las escuelas, que no habrá una nueva materia en ese sentido, sino que se producirá una "actualización curricular".

   Asimismo, ha afirmado que esta futura ley apoya el movimiento asociativo memorialista, y que pretende también acabar con el "déficit de olvido" que supuso a su entender la Transición democrática que, de alguna forma, "se hizo a costa de tener que olvidar".

   En lo que se refiere a los casos de los posibles niños robados, ha indicado que la ley, que amplía su marco temporal desde la Segunda República hasta 1982, incidirá en aquellos en los que haya "un origen ideológico", que afectaron a hijos de represaliados republicanos, pero no en los que, ya en periodo democrático, fueron consecuencia de un "negocio", con menos nexos con la ideología franquista.