La Diputación de Granada considera que la nueva orden andaluza para regular las plazas asistenciales en los centros de mayores sume en la "incertidumbre" a los centros de mayores y ha alertado de que, "al subir el copago de estas plazas, la Junta de Andalucía está metiendo la mano en el bolsillo a nuestros mayores".

   La diputada delegada de Centros Sociales, Rosa Fuentes, ha valorado este viernes esta nueva orden publicada el jueves en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la cual afecta "de lleno" al funcionamiento de las dos residencias de mayores de la Diputación en la provincia, especialmente a la Rodríguez Penalva de Huéscar.

   Para la diputada, este cambio normativo "no soluciona el problema de las reservas de plazas no ocupadas y deja a los centros de mayores sumidos en la incertidumbre".

   Pese a las "expectativas" creadas, ha dicho, "la Junta de Andalucía apuesta únicamente por medidas economicistas y demuestra que definitivamente no apuesta por la Ley de la Dependencia". También ha lamentado que la administración autonómica "lejos de ajustar los presupuestos para cumplir con el déficit en las materias más superfluas, vuelve a poner la carga del control presupuestario sobre nuestros mayores".

   Según ha destacado Fuentes, el Gobierno andaluz "no avanza en resolver las peticiones de los usuarios, de los que recibimos llamadas a diario porque necesitan alguna de las plazas vacantes de las que la Junta solo pagará la reserva en aquellos centros cuya ocupación sea menor al 85 por ciento". "Solamente se va a abonar el valor de la plaza correspondiente a un mes dentro del año natural frente al 60 por ciento del total que se venía abonando hasta ahora".

TASA DE REPOSICIÓN

   Por ello, la Rodríguez Penalva, que está alrededor de un 30 por ciento de ocupación, se ve afectada en la planificación de actividades y personal. Además, la diputada acusa a la administración autonómica de no comprometerse, "como han demandado tanto los agentes públicos como privados del sector", a fijar una tasa de reposición mínima en los centros residenciales concertados ni un mapa de recursos asistenciales "para que los centros tengan cierta seguridad jurídica para la organización de sus recursos sabiendo de antemano el grado de ocupación".

   Fuentes explica que otra medida que introduce esta orden es el aumento del copago al usuario, "que hasta ahora el máximo que tenía que contribuir en el pago de la plaza era del 80 por ciento mientras que ahora se aumenta hasta el 90 por ciento".

   "Es decir, la Junta de Andalucía está metiendo la mano en el bolsillo a nuestros mayores", según ha resaltado Fuentes, quien señala que los centros de zonas rurales como la de Huéscar han sido "los más perjudicados", dado que no se cubren las plazas vacantes pero "no por falta de demanda sino por la inactividad de la Junta de Andalucía", ha apostillado Fuentes "que ha recordado que muchas residencias desde noviembre no han recibido ingresos, y a la provincia se le debe más de un millón de euros en materia de abono de plazas concertadas en centros asistenciales".

   La diputada ha achacado a la Administración autonómica que, durante la preparación de estas medidas, "no haya contado con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos cuando sí han negociado con otras entidades asistenciales y sociales". "Es, en definitiva un "golpe de mano que, además, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales abre la puerta a la privatización de estas plazas que no están ocupadas si bien quedan siempre a disposición de la Junta de Andalucía si las requiere o las necesita", ha informado también la diputada de Centros Sociales incidiendo en que "no todos los usuarios podrán pagar estas plazas y en que ello creará aún más inseguridad en la organización de estas residencias".