El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Santa Fe (Granada) ha condenado al empresario Rafael Aibar a indemnizar con 6.000 euros al hermano del actual alcalde de Armilla (Granada) y exdelegado provincial de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez (PSOE), por acusarle de ser la "tapadera de sus ganancias ilegales".
Concretamente, según consta en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el empresario, que ya había denunciado anteriormente a Sánchez atribuyéndole una serie de supuestas irregularidades en el destino de unos fondos europeos en la Sierra de Castril, intervino en dos entrevistas en un programa radiofónico en el que afirmó que el hermano poseía un patrimonio adquirido en los tres o cuatro últimos años, "insinuando que sus bienes pueden pertenecer a su hermano" y que él actuó como "mero mediador" para ocultar el verdadero patrimonio del exdelegado y alcalde.
El demandante, sostiene el juez, "no pertenece a ningún partido político" ni ha ejercido función pública alguna, sino que es funcionario y regenta un negocio familiar con su esposa desde los años ochenta. "Por ello, es muy grave exponer públicamente el patrimonio de una persona ajena a la política, insinuando además que no ha sido adquirido por su esfuerzo y dedicación, sino por las dádivas de su hermano o, incluso, que los inmuebles que figuran a su nombre en los registros públicos realmente no le pertenecen", indica el juez.
Así, en la resolución desgrana las afirmaciones de Aibar, que llegó a decir que el hermano es el "más listo del clan", "dotando a la unidad familiar de un cierto tono mafioso" insistiendo en un "blanqueo de patrimonio", manifestaciones que "superan el derecho a la crítica, la libertad de expresión e información, vulnerando el derecho al honor" del demandante, "respecto al cual no sólo se expuso públicamente su patrimonio sino que, principalmente, se insinuó abiertamente su origen ilícito, menospreciando a su persona y atentando contra su propia estimación, a través de datos falsos y erróneos".
Entre esos datos, figuran que, por ejemplo, contaba con un apartamento "de lujo en Motril", cuando en realidad es dueño de uno en Salobreña; que había adquirido propiedades coincidiendo con la carrera política de su hermano, cuando son anteriores; o que un juez había iniciado una investigación a las familias que habían estado gobernando en Armilla, cuando no consta.
"Las manifestaciones difamatorias" afectan principalmente a la "esfera personal" del hermano de Sánchez, pero también a su "imagen profesional", por lo que el juez estima "totalmente" la demanda interpuesta y condena al demandado a la difusión íntegra de la sentencia en la emisora local en la que fue entrevistado "en el programa con la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida" y al pago de una indemnización al denunciante en la cantidad de 6.000 euros, además de las costas del proceso, según consta en la sentencia, que ya es firme.
