La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a la ex alcaldesa de Puerto Real del extinto PA Maribel Peinado de un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de la recogida del aceite usado en el municipio a la empresa Biouniversal S. L, impidiendo a otras entidades debidamente autorizadas trabajar en la localidad.

La sentencia, del 25 de noviembre, y sobre la que se puede presentar recurso, absuelve igualmente a los concejales José Antonio Ayuso, Juan Carlos Martínez, Jesús Plaza, Francisco Javier Traverso, Manuel Izco, Flores Domínguez y Beatriz Parrado, y al funcionario municipal, a la sazón jefe de la Dependencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento José María Córdoba.

La Fiscalía pidió ocho años y medio de inhabilitación para todos los acusados y la acusación particular, ejercida por el partido político Equo y la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceite y Grasas Comestibles (Geregras), diez, con la excepción de Izco, al que rebajaba a ocho y siete los años solicitados, respectivamente.

El texto de la sentencia indica que “en ningún caso está probado” que la decisión de organizar un servicio para la recogida del aceite de manera organizada “se hiciera con propósito de perjudicar a nadie ni de favorecer a un tercero en perjuicio del Ayuntamiento”. “No se conocen, ni tan siquiera se alegan, ventajas que pudieran haber obtenido con su conducta los acusados”, explica. 

De hecho, los magistrados remarcan que, “lejos de ello, se insistió en la necesidad de que supusiera un coste cero” para las arcas municipales. “E incluso conocida la gestión que llevaba a cabo la Asociación Madre Coraje en el municipio, se buscó la manera de compensarla –abunda-, poniéndola en contacto con la empresa Biouniversal para facilitarle un acuerdo con aquella de manera que no quedara perjudicada”.

A todo ello, se suma que, “tras tener conocimiento en el Pleno todos los grupos de la oposición de los acuerdos tomados no consta que en ningún momento se pusieran reparos”. La sentencia subraya que Equo, que tendrá que asumir las costas en el caso de Beatriz Parrado por acusarla de mala fe, incluso mantuvo en su puesto de trabajo a José María Córdoba cuando accedió al Gobierno local.

Éste fue quien inició el procedimiento, que se llevó a cabo sin el preceptivo informe de Intervención y el departamento de Rentas sobre el valor que supone la ocupación de la vía pública de los contenedores necesarios para llevar a cabo el servicio. Sin embargo, los magistrados no aprecian en esta omisión “voluntad torticera” ni “entidad” suficiente como para provocar el efecto deseado por las acusaciones.

En cuanto a las cartas remitidas a Medio Ambiente conminando a los empresarios hosteleros a acatar el nuevo sistema impuesto de recogida de aceites, se explica por el interés de dar cumplimiento al convenio.

El caso de los Aceites se remonta a julio de 2014, cuando Geregrás presento una querella contra los ya absueltos. El juicio se celebró el pasado 18 de octubre, después de que fuera suspendido por Covid, primero, y por una cuestión de competencias sobre el órgano judicial, después.