Además, los mimos, músicos y otros artistas callejeros, así como los vendedores ambulantes, deberán obtener un permiso municipal para ejercer su trabajo, y se penalizarán los grafiti, la pegada de carteles, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o satisfacer las necesidades fisiológicas en la calle; así hasta un total de 250 prohibiciones, deberes y obligaciones.
Su punto fuerte es la prostitución: se prohíbe el ofrecimiento, la solicitud y la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de todo el término municipal, donde tampoco se podrán mantener relaciones sexuales.
Aprobada por el pleno municipal el 25 de septiembre con el respaldo del PSOE y el rechazo de IU, su contenido ha despertado la polémica y las críticas de colectivos sociales que ven tras esta ordenanza la intención del gobierno municipal de ocultar y perseguir a los más vulnerables.
En palabras del concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Eduardo Moral (PP), se busca una Granada “más habitable”, pero desde IU se advierte de que se situará en condiciones “de mayor clandestinidad” a los más desfavorecidos con una norma que supone “una vuelta atrás en los derechos de los ciudadanos”.
El procedimiento administrativo por el incumplimiento de la Ordenanza de Convivencia puede suponer multas de entre uno y 750 euros en el caso de las infracciones leves y de entre 1.501 y 3.000 en el caso de las muy graves.
En su primer día en vigor, la Policía Local, que velará por su cumplimiento, se ha limitado a informar de las prácticas sancionables a sus autores y de cómo obtener algunos de los permisos municipales que se exigen para varias actividades callejeras.
Su portavoz, José Manuel Fernández, dijo que se ha actuado “con algún que otro mimo y gente que bebía alcohol en la calle”, aunque por ahora no serán sancionados si no reinciden, hasta que se decida aplicar las multas con la contundencia que contempla el texto.
Además de dar tiempo a la ciudadanía para que conozca esta ordenanza, se trata de formar entre tanto a los agentes de la Policía Local, que no tendrá una unidad específica para asegurar su aplicación porque “las actividades que regula son muy, muy amplias”, manifestó Fernández.
