La Fiscalía de Brasil consideró improcedente el recurso que la defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó ante la Corte Suprema y que pone en duda la imparcialidad del juez que lo condenó por corrupción y lavado de dinero, en un intento de invalidar el proceso en su contra.

En un dictamen enviado este jueves al Supremo Tribunal Federal y que publicó en su página en internet, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que niegue el hábeas corpus presentado por la defensa de Lula para que el proceso contra el exjefe de Estado (2003-2010) sea anulado por la supuesta parcialidad del juez responsable por la condena.

Se trata del proceso en el que Lula fue condenado a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero y por el que estuvo encarcelado entre abril de 2018 y noviembre de este año.

El exgobernante abandonó la cárcel el 8 de noviembre después de que la Corte Suprema le autorizara a esperar en libertad hasta que agote todos los recursos a que tiene derecho. En este caso la condena ya fue ratificada en tres instancias, por lo que tan sólo le quedan pendientes los recursos que presentó ante la máxima corte, incluyendo el hábeas corpus cuestionado ahora por la Fiscalía.

En el dictamen firmado por el subprocurador general de la República, José Adonis Callou de Araújo, la Fiscalía alega que no hay ningún indicio de la supuesta parcialidad del entonces juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, el responsable por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil.

Moro, que en enero asumió como ministro en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, condenó por corrupción como juez a numerosos empresarios y políticos, incluyendo a Lula, por su responsabilidad en los millonarios desvíos de recursos de la petrolera estatal Petrobras.

La defensa de Lula alega que el nombramiento de Moro como ministro de Justicia del líder ultraderechista que ahora gobierna Brasil demostró la parcialidad del juez y dejó claro que el proceso tan sólo tenía por objetivo impedir el regreso al poder del considerado líder más carismático en la historia de Brasil.

La Fiscalía también alegó en su dictamen que no identificó posibles irregularidades en las conversaciones entre fiscales de la Operación Lava Jato que fueron interceptadas ilegalmente y que, según la defensa de Lula, demostrarían la parcialidad de Moro.

Las conversaciones entre fiscales realizadas en la aplicación de mensajerías Telegram fueron interceptadas por un pirata informático y vienen siendo divulgadas por diferentes medios desde junio pasado.

De acuerdo con la defensa del expresidente, los mensajes demuestran que los fiscales cometieron irregularidades en la instrucción del proceso y que Moro los orientó ilegalmente.

Según sus abogados, las conversaciones demuestran que Lula fue víctima de una persecución política y judicial destinada a impedirle disputar las elecciones presidenciales del año pasado, ganadas por Bolsonaro.

El fiscal responsable del dictamen asegura que las grabaciones no pueden ser usadas para invalidar el juicio debido a su "carácter ilícito y porque no es posible verificar su autenticidad y su integridad".

El documento agrega que, incluso aunque las conversaciones puedan ser comprobadas, en ellas no hay ninguna conducta ilícita que pueda justificar que se cuestione la imparcialidad del juez.

"Aunque sean lícitas y auténticas, no demuestran un complot ni dejan bajo sospecha las decisiones del juez, que están sustentadas en hechos, pruebas y en la ley", afirma.

El documento agrega que una evaluación amplia de la actuación de Moro en las investigaciones y procesos contra Lula deja clara su imparcialidad.

"Su actuación siguió el mismo tratamiento dado a todos los demás acusados en la Operación Lava Jato y está amparada en hechos, pruebas y en la legítima interpretación de la ley", asegura.

El dictamen de la Fiscalía se conoce un día después de que un juez de Brasilia absolviera a Lula y a su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, en un proceso por asociación para delinquir, uno de los nueve que el expresidente enfrenta en la Justicia.

Ambos exgobernantes habían sido acusados de liderar una organización criminal destinada a desviar recursos de Petrobras y de otras empresas estatales durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) para supuestamente financiar las campañas electorales de esta formación.

Lula ha sido condenado en dos de los nueve procesos abiertos en su contra y absuelto en otros dos.