La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, subrayó ayer que, desde el punto de vista político, los dirigentes del Partido Popular “ya están condenados” por su comportamiento ante los casos de corrupción de los últimos meses, y manifestó: “Que a uno le voten no significa que uno no tenga nada que ver”. 

Con estas palabras, Pajín rechazó tajantemente las palabras del domingo en un mitin en Alicante del líder del PP, Mariano Rajoy, quien expresó su apoyo al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, frente a los “inquisidores del siglo XXI”. 

En este contexto, calificó de “desafortunada” la intervención de Rajoy y alegó que “todo el mundo sabe que Torquemadas e inquisidores abundan mucho más en las filas del PP que en ningún otro ámbito de la vida pública española”. 

Las palabras de Rajoy, además, “rebasan el límite que se puede tolerar en un dirigente político”, opinó Pajín, para aducir a continuación que son un “ataque” a quienes tienen que investigar los casos de corrupción en los que supuestamente están implicados dirigentes del PP. 

Según Pajín, el PP es “es el único partido democrático del mundo” que si tiene que elegir entre jueces, fiscales y policía, o los delincuentes, “ataca a los primeros y se pone del lado de los presuntos delincuentes”, y busca “la impunidad a través de la amenaza y la insidia”. 

Tras advertir de que “defender a ultranza” a los imputados en el caso Gürtel en la Comunidad valenciana o la madrileña o a Trillo tras la sentencia del Yak-42 es una opción política que “cada ciudadano sabrá valorar” en las urnas. 

Pajín se quejó de “la avalancha de difamaciones” que el PP lanza contra los jueces instructores, el Ministerio Fiscal, la Policía y “todo aquel” que demande explicaciones transparentes “sobre comportamientos altamente sospechosos en términos jurídicos e inaceptables en políticas”. 

A su entender, la reacción del PP ante estos asuntos, “singularmente la de Rajoy”, ha sido “negarlo todo” y “no asumir ninguna clase de responsabilidad”, incluso cuando lo que hay “no son meros rumores o sospechas”, sino una sentencia judicial como la del Yak-42 o la imputación de un presidente autonómico como Camps. 

Negar los hechos puede ser, bajo su punto de vista, una estrategia de defensa jurídica como cualquier otra, aunque su “credibilidad se deteriore por momentos”. Una estrategia que tiene como objetivo, añadió, crear toda confusión posible en la opinión pública “e intimidar mediante insultos y amenazas más o menos implícitas” a quienes tienen la misión de esclarecer los hechos. 

Consideró que se trata de “un movimiento preventivo” ante lo que pueda aparecer ahora “en relación a la financiación del PP” y con el fin de establecer “un espacio de impunidad jurídica” para los dirigentes del PP y “sus afines”. 

“Ni una cosa ni la otra son aceptables en un Estado de Derecho”, avisó. Así las cosas, exigió al PP que “abandone inmediatamente ese camino insensato”, porque “tiene derecho a defenderse, incluso a mentir, si ese es su estilo”, pero “no tiene ningún derecho a hacer daño a la democracia”.