Los protagonistas del novelón de la ampliación del centenario Canal de Panamá: el principal contratista y la administración de la vía interoceánica; transmitieron hoy un nuevo episodio de su amor despechado en el que anunciaron que dirimirán algunas de sus diferencias ante un mediador internacional.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), primero, y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), unas horas después, emitieron sendos comunicados de prensa en los que anunciaban que, cada uno por su lado, habían solicitado arbitraje internacional para resolver sus diferencias en torno a varios reclamos del contratista.
La relación entre la ACP y el GUPC ha sufrido de numerosos contratiempos, incluyendo varias huelgas y falta de liquidez del contratista que a principios de 2014 llegaron a paralizar las obras casi un mes, desde que se presupuestaron 3.200 millones de dólares para el tercer juego de esclusas que construye el consorcio.
El pasado enero, el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, expresó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá que el principal escollo de la ampliación del Canal eran los reclamos por sobrecostos de GUPC, que en aquel momento eran 17 y llegaban a un total de 2.300 millones de dólares.
"No es que estoy de acuerdo con esos números porque para mí eso es cero, sin embargo (...) uno no le puede poner límites a lo que ellos pueden reclamar", lamentó entonces Quijano.
En el último capítulo de la relación entre la ACP y el GUPC, el consorcio informó hoy de que presentó una solicitud de arbitraje internacional reclamando a la administración de la vía interoceánica 345 millones de dólares.
Horas antes, la ACP comunicó por su parte que había solicitado arbitraje internacional contra una decisión de la entidad encargada de dirimir a nivel local los desacuerdos entre las partes y que favoreció parcialmente el reclamo del GUPC.
El consorcio, liderado por la empresa española Sacyr e integrado también por Impregilo (Italia), Jan de Nul (Bélgica) y CUSA (Panamá), explicó que su petición corresponde a las sumas que no fueron reconocidas por la Junta de Resolución de Conflictos en el reclamo presentado por la mala calidad del basalto en el proyecto.
Los 345 millones de dólares son reclamados también por "el retraso atribuido a la ACP en la aprobación de la mezcla de hormigón que se utiliza en la obra y por los daños sufridos por los socios del consorcio".
El pasado 31 de diciembre, el DAB (Dispute Adjudication Board), un organismo técnico independiente establecido dentro del marco del contrato entre las partes, "falló a favor de GUPC en estos dos principales reclamos y reconoció al contratista el pago de 234 millones de dólares y una extensión del contrato de seis meses".
El comunicado del GUPC no abunda en más detalles; tampoco menciona que el DAB reconoció entonces que la ACP debía pagarle 234 millones de dólares cuando el consorcio había pedido en total 463 millones; y no explica por qué reclama ahora específicamente la cifra de 345 millones.
La ACP explicó que después de la decisión del DAB en diciembre de conocer parcialmente los reclamos de GUPC, emitió una "nota de insatisfacción" y que una vez transcurridos 56 días desde entonces, la administración del Canal formalizó la solicitud del arbitraje internacional.
El arbitraje internacional es la tercera y última instancia del mecanismo establecido por contrato para dirimir reclamos entre la ACP y GUPC, después de agotar el recurso de la Junta de Resolución de Conflictos, o DAB, que es la segunda instancia de reclamos tras ser presentados por el contratista ante el Canal de Panamá.
GUPC ganó la licitación por casi 3.200 millones de dólares en 2009 para el diseño y construcción del Tercer Juego de Esclusas, principal proyecto del Programa de Ampliación del Canal de Panamá.
El proyecto debió estar concluido en octubre de 2014, pero los contratiempos afrontados retrasarán su finalización hasta el primer trimestre de 2016, cuando se espera comience la operación comercial del canal ampliado.
Panamá inició la ampliación de su canal interoceánico en 2007 con una inversión de 5.250 millones de dólares, con la que se aumentará de 300 a 600 millones de toneladas la capacidad anual de transporte de carga por la ruta acuática.
