La Fiscalía ha mantenido su petición de entre 5 y 4 años y medio de cárcel para los tres mandos militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los muertos en el Yak-42, en una sesión en la que forenses turcos dijeron que los jefes militares sabían que repatriaban cuerpos sin identificar y tenían prisa por llegar al funeral de Estado. 

El teniente fiscal Fernando Burgos elevó a definitiva su petición ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que lleva la vista oral que ayer se reanudó con la declaración de dos forenses turcos. 

El fiscal pide 5 años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro y 4 años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental. 

Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez. 

El fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y “rellenar” de forma arbitraria y “caprichosa” los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar. 

Por su parte, la Asociación de familiares de víctimas del Yak también elevó a definitivas sus peticiones, en las que reclaman seis años de cárcel para los tres acusados. 

Con esta cuestión ha finalizado la sesión de ayer y el juez Bermúdez anunció que proseguirá el próximo lunes con los informes del ministerio fiscal. Se prevé que el juicio concluya el próximo martes. 

Por la mañana, los forenses turcos Bülent Sam y Ömer Müslümanoglu han declarado como testigos, por decisión del Tribunal al comenzar la vista oral, a petición de la Asociación de Víctimas y del fiscal. 

Ambos forenses, que llegaron anteanoche a España, afirmaron que los militares españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistieron en repatriar a España los 30 cadáveres sin identificar, porque, según dijeron, tenían que llegar al funeral que se iba a oficiar en España. 

Este testimonio se contradice con la declaración efectuada por el general Navarro el pasado 24 de marzo, en la que como principal acusado admitió que hubo errores en la entrega, no en la identificación y atribuyó a las autoridades y forenses turcos problemas con la gestión de los cadáveres. 

El experto turco aseguró que subrayaron que para la correcta identificación se tendría que hacer un test de ADN, pero “los militares responsables españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistían en llevarlos sin identificar porque habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España”. 

Sam ha asegurado que los jefes militares españoles les prometieron que terminarían los trabajos de identificación en España y firmaron el documento final. 

Destacó que los trabajos de identificación los realizaron cuatro médicos forenses turcos y “con presencia de militares españoles”.

Los forenses turcos, en unas declaraciones a los periodistas tras testificar ante la Audiencia Nacional, han afirmado que vieron al general Vicente Navarro, principal acusado, beber vodka.

Ambos habían confesado previamente ante el juez Gómez Bermúdez que el general Navarro estaba consciente, "pero olía a alcohol".