Las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, acusadas de pagar a ETA 6.000 euros tras recibir sendas cartas de extorsión en 2003 y 2006, negaron ayer ese pago y se definieron como víctimas de la banda desde hace 30 años, cuando su padre recibió una primera carta de extorsión en “el 80”, y ahora “víctimas de la Justicia” por culpa de este procedimiento.

Así lo expusieron las dos hermanas, respondables dela empresa familiar Andrés Bruño e Hijos, en el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Nacional y en el que el fiscal ha mantenido su petición de 5 años de cárcel por colaboración con ETA y multa de 27.000 euros para cada una.

En su turno de última palabra, las dos hermanas calificaronde “humillante que se nos acuse de colaboradoras
cuando lo que somos es víctimas de ETA. Víctimas de la extorsión de ETA y ahora de la Justicia”, lamentaron.

El fiscal Vicente González Mota sostuvo que “la prueba documental y pericial permite asegurar que sí se efectuó el pago” de forma “voluntaria” y se ha basado en una carta de agradecimiento de la banda dirigida a las hermanas en 2008 y que fue intervenida a la organización terrorista tras la detención del dirigente etarra Thierry. “Efectuar ese pago sin alertar a las autoridades como aportación a los fines de ETA esperamos que la Sala diga que es delito”, subrayó el fiscal.