El PP cree que el caso Faisán cuestionará tanto el papel del vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que peligrará su futuro político y en consecuencia sus aspiraciones en la supuesta carrera sucesoria de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así opinan dirigentes del Partido Popular consultados por Efe tras conocerse que el número dos de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, pudo haber mantenido conexiones telefónicas con algunos de los imputados en la causa del Faisán en las horas cercanas al momento del supuesto chivatazo.

El responsable de Comunicación, Esteban González Pons, se mostró convencido de que Rubalcaba quedará apartado de la disputa por recoger el testigo de Zapatero como candidato y líder socialista en las próximas elecciones generales.

Argumentó que su renuncia, forzada por las dimensiones que con el tiempo irá adquiriendo la investigación del caso del chivatazo, no será tanto por haber sido ministro del Interior cuando se produjo ese supuesto aviso a la red de extorsión de ETA como por “haber mentido en el Parlamento”.

“Rubalcaba es el autor de aquella famosa frase 'España no merece un Gobierno que mienta'”, sentenció el dirigente de los populares.

Ana Mato, vicesecretaria de Organización, prefiere no ir tan lejos y hablar del fin político del ministro del Interior.
Prefiere, según sus palabras, pedirle “explicaciones contundentes” ante las “mentiras” en las que se ha prodigado en el Congreso, entre “las risas y el jaleo” de los diputados socialistas.

En su opinión, el vicepresidente primero está en el centro de un caso “muy grave”, pero aún es prematuro considerar si ha de abandonar la actividad política.

De un modo similar se expresó el pasado martes el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.

El senador Agustín Conde, en cambio, asegura que el ministro del Interior, “si se acredita que hubo llamadas” de Antonio Camacho antes del chivatazo, debe renunciar a cualquier cargo “de forma inminente” y de paso quedar
inhabilitado para el desempeño de cualquier otro puesto pagado por el erario público.