El juez Pablo Ruz ha pedido identificar a los usuarios de tres teléfonos de la Subsecretaría del Ministerio del Interior desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el “chivatazo” con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.

El magistrado de la Audiencia Nacional accede así a la petición que en este sentido le hizo la asociación Dignidad y Justicia y ha acordado también citar como testigo para tomarle declaración el próximo 8 de febrero a Fernando Amo, comisario provincial de San Sebastián cuando ocurrieron los hechos, el 4 de mayo de 2006, tal y
como pidió la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Para ese mismo día, el juez ha llamado a declarar como testigo, también a petición de Dignidad y Justicia, al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.

Según la asociación, el responsable de la UCI hizo constar en un informe que, el 3 de mayo, el jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos Germán, “fue reticente en diversos momentos” a llevar a cabo la operación policial, que se desbarató por el “chivatazo”, porque “era una operación que conllevaba riesgos políticos dada la tregua de ETA”.

Además de estas citaciones, Ruz da un plazo de cinco días a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que le informen sobre si en su momento se confeccionó expediente o informe alguno relativo a la actuación llevada a cabo por los agentes que participaron en la operación antiterrorista conjunta con Francia y que fue desbaratada por el “chivatazo”.

Acuerda también requerir al director adjunto operativo de la Policía para que le informe “si existió parte de orden de servicio o comunicación similar” por la que se envió a Irún a uno de los tres imputados, un inspector de la Brigada de Información de Álava.