El Gobierno ha anunciado un nuevo programa de orientación al que aportará ayudas económicas destinadas a los desempleados sin rentas que quieran acceder a procesos de formación con el fin de facilitar su inserción profesional.

Así lo anunció hoy la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, en la que avanzó que en la oferta formativa pública de 2011 habrá una cuota reservada para los desempleados que agoten su protección por desempleo.

Añadió que a partir de febrero de 2011 habrá 3.000 orientadores profesionales que ayudarán a los parados a buscar un puesto de trabajo, ya que a los 1.500 formadores que había en 2008 se sumarán otros tantos.

Rodríguez, que presentó el informe sobre las actuales prestaciones y subsidios por desempleo, y sobre el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), agregó que el próximo 1 de enero empezarán a actuar las agencias privadas de colocación en colaboración con los servicios públicos de empleo (SPEE).

Dijo que se trata de un sistema de colaboración público-privado en la búsqueda de empleo, y que estas agencias deberán atender a todos los desempleados, ofrecer servicios gratuitos a los trabajadores y estar autorizadas por los SPEE.

La secretaria de Estado de Empleo ahondó en la reforma de las políticas activas de empleo que ha diseñado el Gobierno y a la que dedicará una inversión cercana a los 7.400 millones de euros (2.236 millones para programas de empleo, 2.678 para formación y 2.450 millones para bonificaciones a la contratación).

"No queremos tener una generación subsidiada y perdida para el empleo y el mercado de trabajo. Ni podemos desaprovechar toda la capacidad productiva, el talento y la experiencia profesional de miles de trabajadores que están hoy en desempleo", dijo.

Rodríguez señaló que los 1.500 nuevos promotores de empleo tendrán como objetivo "primero y central" ayudar en la búsqueda de empleo a quienes agoten su protección, y que en todas las acciones formativas de 2011 estas personas tendrán una cuota reservada para participar en ellas.

Indicó que la oferta formativa debe estar mejor planificada y tener más calidad, así como contar con "certificados de profesionalidad".

Por este motivo, insistió en que las nuevas políticas activas destinarán el 60% de las inversiones a formación de parados y el 40% a la de empleados.

Indicó que el Gobierno "compaginará mejor" la competencia normativa sobre las políticas activas de empleo del Estado y de las comunidades autónomas, por lo que abogó por una metodología uniforme en todo el territorio y la elaboración de una carta de servicios básicos a la ciudadanía que se complete con una "estrategia nacional de empleo" que fije objetivos para las autonomías.

"Nada impide que las comunidades autónomas puedan tener un mayor margen de maniobra y libertad a la hora de configurar sus propios programas, pero deberán respetar la metodología de atención a las personas en situación de desempleo", aseveró