La Diputación Provincial de Málaga ha realizado un diagnóstico sobre la situación de la despoblación en la provincia de Málaga que, en palabras del presidente de la institución, Francisco Salado, “ha permitido fijar diferentes niveles de actuación según el riesgo existente”. Para ello se han tenido en cuenta dos variables: las demográficas para conocer qué municipios pierden población; y algunos factores y equipamientos básicos que denotan carencias que podrían incidir en ese proceso de despoblación. Tras el estudio, se han establecido tres niveles de emergencia poblacional de mayor a menor pérdida de población y servicios: el nivel rojo, en el que se encuentran 21 municipios malagueños; el naranja, donde hay doce pueblos; y el amarillo, con otra docena de poblaciones. El análisis arroja que 45 municipios de los 103 que forman la provincia malagueña están sufriendo una pérdida de población desde hace 20 años, de los que la gran mayoría se concentra en zonas con problemas de comunicaciones por su compleja orografía, como son el Valle del Genal y la Alta Axarquía, han indicado desde la Diputación en un comunicado. En concreto, hay seis localidades que han perdido más del 20 por ciento de su población desde el año 2000. Se trata de tres municipios del Valle del Genal -Jubrique ha perdido el 37 por ciento de su población, seguido por Genalguacil y Benarrabá-, Canillas de Aceituno y Alfarnate -en la Alta Axarquía- y Cañete la Real -en la comarca del Guadalteba-.
En el diagnóstico se refleja también que hay 18 pueblos que han perdido entre un diez y un 20 por ciento de su población desde el año 2000, y otros 19 que han perdido hasta el diez por ciento de sus habitantes en la misma fecha. Además, en el diagnóstico realizado se ha analizado la oferta de servicios en esos municipios; encontrándose 15 pueblos sin sucursal o cajero automático, y 25 localidades sin oficina de Correos.
Necesidad de conectividad
Salado, ha propuesto este miércoles crear alianzas para conseguir un Pacto por la Conectividad Total de la provincia, que garantice la igualdad de acceso a las telecomunicaciones y nuevas tecnologías en todo el territorio y que contribuya a la lucha contra la despoblación. Así lo ha expuesto Salado en el foro nacional 'Málaga para mover España: innovación y tecnología, aliadas por el reto demográfico', celebrado de forma virtual e impulsado por la Diputación provincial.
En su intervención, el presidente ha incidido en que la conexión digital “es uno de los ejes para favorecer el bienestar y el desarrollo del medio rural”, zona en la que se “ha evidenciado aún más” durante la pandemia la brecha digital con lo urbano, que ha asegurado “no debe avanzar ni un milímetro más”. Por ello, Salado ha abogado que este “gran pacto será uno de los pilares en el que se basará la lucha contra la despoblación en este mandato”, por la que llevan trabajando dos años con una estrategia global con diferentes líneas de actuación para “combatir la brecha digital, fomentar la implantación de empresas en los municipios, crear focos de atracción turística y potenciar las empresas agroalimentarias”.
En este sentido, ha explicado que ya han puesto en marcha distintas medidas, en coordinación con la Junta de Andalucía, en relación con la asistencia sanitaria y educativa, el abastecimiento de agua, la recogida y tratamiento de residuos y, “muy especialmente, la cobertura de telecomunicaciones”, ha apuntado el presidente.
Paralelamente, se ha referido al Plan Vía-ble, que parte con 50 millones de euros en inversiones plurianuales para “mejorar las conexiones directas por carretera entre los municipios y reducir el tiempo de desplazamiento con los grandes centros de actividad y servicios”.
Salado ha resaltado que otra gran prioridad es la lucha contra la exclusión financiera, y ha concretado medidas puestas en marcha por la Diputación como la dotación de datáfonos a las oficinas del Patronato de Recaudación Provincial y a los ayuntamientos; “para facilitar el pago mediante tarjeta bancaria”. En colaboración con la red de centros Guadalinfo, se van a llevar a cabo acciones formativas dirigidas a mayores para enseñar a hacer trámites bancarios y de pago de impuestos vía telemática.
