La mayoría de los acusados del caso Astapa, contra la corrupción política-urbanística, se han acogido este lunes a su derecho de no declarar en el segundo bloque, relativo a los pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona.

En el banquillo de los acusados, además del alcalde, se han sentado el jefe de gabinete, José Flores, el arquitecto municipal, Arturo Manuel Cebrián, y siete empresarios, entre otros.

Otro de los acusados es el exconcejal de Hacienda Manuel Reina, que militaba en el Partido de Estepona (PES) y el pasado enero admitió en una carta algunos de los hechos por los que está procesado y presentó a través de su abogado un escrito de conformidad acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena de dos años y medio de prisión.

El juicio ha sufrido un retraso de más de una hora debido a que Manuel Reina, el único procesado que está en prisión, no había sido trasladado a la Ciudad de la Justicia.

Reina es el único que ha declarado y ha respondido sobre la comunicación que remitió a la Fiscalía en la que informaba sobre su disposición a colaborar y admitir algunos hechos; también ha contestado a preguntas sobre supuestas contraprestaciones por las obras del Club Oasis, y ha apuntado que era un momento de mucha actividad en Urbanismo.

Ha señalado que ante "la necesidad que teníamos de financiar gasto corriente, muchas veces en mi caso acudía a algunos empresarios para decirle: te agilizo la tramitación de tal licencia, sin que ello suponga algo ilegal, salvo el no respetar los plazos".

Reina ha apuntado que en este caso se pidió "si podían echar una mano" con inversión publicitaria y con otra cantidad para el PES. El procesado ha relatado que "muchas veces ese ofrecimiento se quedaba ahí y en otras muchas las cosas salían no porque interviniese un concejal u otro sino porque la Administración funciona".

El arquitecto municipal solo ha respondido a las preguntas de su abogado y respecto a dicho expediente urbanístico ha defendido que su cambio de opinión en esa licencia "no tuvo razón espuria".

Dos acusados que se han negado a declarar sí han hecho una breve manifestación, el empresario Armando Pérez, que ha defendido que siempre actuó con honestidad y dentro del marco legal y el empresario Jamal Satli Iglesias, que se ha quejado de los perjuicios y daños que le ha causado un procedimiento en el que dice no tiene nada que ver.

Durante la sesión, varios abogados han hecho un alegato sobre la idoneidad de que este bloque quedara suspendido al entender que tras anularse las escuchas telefónicas el fiscal se había quedado sin supuestas pruebas para apoyar su escrito acusatorio.

El propio fiscal en su escrito acusatorio advierte de que las supuestas irregularidades que se cometieron en lo relativo a los pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona fue detectado a través de intervenciones telefónicas.

Tras el alegato de los abogados defensores, el fiscal ha dicho que asume las consecuencias de que se hayan anulado las escuchas telefónicas, "lo comparta o no", pero que también "hay pruebas independientes para sostener la acusación, sobre todo prueba documental".

Para el ministerio público, este bloque relativo a pagos y contraprestaciones se podría haber titulado "tráfico de influencias" y ha indicado que quizás los cohechos no se puedan demostrar pero el tráfico de influencias sí se puede con ciertos documentos, entre ellos los encontrados en el registro al exalcalde.

Ha señalado que no sabe si va a mantener las acusaciones en este bloque, "entre otras cosas porque es algo que no depende del fiscal actuante, sino que en ocasiones tiene que elevar a consulta", pero sí ha dicho que en este momento no va a renunciar a ninguna de las pruebas y va a continuar.

En este bloque, el fiscal mantiene que en el Ayuntamiento de Estepona, antes y después de las elecciones de 2007 hubo ocasiones en que por decisión del alcalde y de su jefe de gabinete, José Flores, "se supeditó la concesión de licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales o favores de tipo personal".

El juicio continúa el 21 de marzo con la declaración de un último acusado y seguidamente empezarán la fase testifical.