La escandalosa sombra de una duda

Publicado: 29/05/2021
Autor

Abraham Ceballos

Abraham Ceballos es director de Viva Jerez y coordinador de 7 Televisión Jerez. Periodista y crítico de cine

Lo que queda del día

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No debe ser el PP o el PSOE el que se escandalice de lo que haga o denuncie el adversario, sino el propio ciudadano, por que lo traten como si fuera tonto
Esta semana, la Consejería de Hacienda -ojo, no la de Educación- ha respaldado la ejecución de un nuevo complejo deportivo que va a desarrollar una empresa privada en una parcela de seis mil metros cedida por el Colegio El Pilar-Marianistas de Jerez al lado del centro educativo. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 7,7 millones de euros, va a recibir un préstamo de 5,3 millones con cargo a los Fondos de Desarrollo Urbano, para lo que se ha valorado la viabilidad de la iniciativa, así como la creación de 180 empleos durante la construcción y 38 para la gestión de las instalaciones.  

El mismo día en que se dio a conocer la firma del acuerdo, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, a través de las redes sociales, afeó a la Junta que concediera más de cinco millones de euros a una empresa privada para intervenir en los suelos de un colegio privado, en vez de destinar esa cantidad a la reparación de todos los colegios públicos de Jerez, que, en su opinión, están más necesitados a causa del deterioro de sus infraestructuras. Sánchez lo interpretó como la constatación de por dónde pasan las prioridades de la Junta de Andalucía a la hora de respaldar a la comunidad educativa: promover negocios privados en colegios privados.

El Gobierno andaluz no tardó en responderle a la alcaldesa y al propio PSOE, que se sumó al argumentario en contra de la Junta. En primer lugar, les recordó que se trataba de un préstamo con cargo a los fondos Feder, disponibles para financiar proyectos generadores de empleo y actividad económica, “con criterios de viabilidad”, y que, tras su devolución por parte de la empresa, serán destinados a la financiación de nuevos proyectos, dentro de una nueva dinámica y “frente a la fallida política de avales y préstamos” concedidos por el Gobierno socialista durante sus largos años al frente de la Junta. Obviamente, como ya apunté, inciden en que nada tiene que ver una decisión de la Consejería de Hacienda con el desarrollo de infraestructuras educativas, que es competencia además de su otro socio en el ejecutivo andaluz, por lo que les critican que traten de confundir a la ciudadanía.

Al poco de hacerse público el comunicado de la Junta, recibí el mensaje de un compañero que no entendía que el “desconocimiento” del Gobierno local llegara hasta estos extremos y frente a una cuestión que ni tenía que ver con la Consejería de Educación, ni con financiación a fondo perdido de un proyecto educativo. Eso, o lo contrario, que ya está todo inventado, y cuando no es uno es el otro el que utiliza el mismo ardid para sembrar la sombra de una duda. Llevarse a estas alturas las manos a la cabeza como si se tratara de una ofensa resulta de una candidez inaceptable, o de un descaro a la altura del capitán Renault: “¡Qué escándalo Rick. He descubierto que aquí se juega!”. Y no debe ser el PP o el PSOE el que se escandalice de lo que haga o denuncie el adversario, sino el propio ciudadano, por que lo traten como si fuera tonto.

Así, en el mismo Jerez en el que la alcaldesa critica a la Junta que ayude a financiar un proyecto privado en vez de destinar esos fondos a mejorar los colegios -lo que es del todo imposible en este caso-, el PP denuncia que se haya adjudicado un proyecto como contrato menor -ojo, por 18.000 euros, qué derroche-, como si se estuviera cometiendo una ilegalidad y bajo la sospecha de un supuesto conchabe, pese a lo cual tres semanas después de hacerlo todo público y por capítulos siguen sin dirigirse a los juzgados a denunciarlo, de lo que cabe deducirse que su único interés es provocar el desgaste del ejecutivo local a base de seguir sembrando dudas que no afectan al que parece, en este caso, estricto cumplimiento del procedimiento: la presentación de un informe de necesidad, la aprobación del gasto y la factura del contratista; e incluso incorporando requisitos por encima de los que exige la ley.

Todo es un escándalo, todo son sospechas, todo son intereses cruzados, pero, sobre todo, es infructuoso, al menos con respecto a lo que seguimos esperando de la política y de los que la ejercen. Pero, también esto pasará. Ojalá.

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