Esta iniciativa habilitará a las autoridades fiscales lusas a solicitar a las autoridades competentes implicadas “los elementos que consideren relevantes para la correcta evaluación de la situación tributaria de un contribuyente y podrán ser requeridas informaciones sobre movimientos de fondos, titularidad de sociedades, fundaciones y determinados fondos de inversión, entre otros instrumentos financieros”, explicó el Ministerio luso.
El acuerdo permitirá proporcionar documentos sin las restricciones impuestas “por las reglas del secreto bancario”.
