Un colapso administrativo mayúsculo y un desacuerdo sobre los criterios a aplicar. Esas son las dos principales causas que se desprenden del Informe Anual de 2015 del Defensor del Pueblo Andaluz, en materia de dependencia y servicios sociales. El Defensor explica en su informe anual, en el que se tratan además temas de toda índole, que la demora en las resoluciones para dependientes llega a una “paralización absoluta en el desenvolvimiento”.
Hasta ahí, es algo que no se le escapa a nadie. Pero ¿por qué se llega a esa situación?. El informe habla de un “fracaso de la políticas de redistribución de la riqueza” como consecuencia de las medidas de austeridad que se han venido aplicando en el periodo de crisis. Pero no solo eso. Se trata además de un colapso administrativo que ha venido provocado por la aplicación en 2013 de un Real Decreto, el 1051/2013, que ordenaba devolver a los servicios sociales de los ayuntamientos los expedientes de dependencia ya propuestos (pero no aprobados aún por la Junta) para que estos “rehiciesen el trabajo” que correspondía a la Junta y acomodar las solicitudes al nuevo decreto.
Esa situación “ha generado una demora adicional por causa imputable a la propia Administración”, porque esos servicios sociales han tenido que hacer frente al caudal normal de solicitudes que les corresponde atender, y han tenido que afrontar también las solicitudes devueltas por la Junta, generando lo que el Defensor califica como un “cuello de botella”.
Hay más:con la llegada del PP al Gobierno central, no solo se ralentizó el proceso de la dependencia, sino que se cambió el baremo para valorar a los dependientes y establecer así el tipo de ayuda que recibirían. La consecuencia fue un endurecimiento de las condiciones para acceder a la ayuda económica, y esta se tradujo en primar los servicios. Las quejas recibidas por la Oficina del DPA ante la demora de resolución hablan de su situación volvía a ser evaluada, ellos solicitaban la ayuda económica, la Junta la rechazaba, y al tiempo recibían un formulario “recomendando” que solicitasen otro servicio, como la ayuda a domicilio.
Tras años de espera, los dependientes que no estaban de acuerdo con esa “recomendación”, se les facilitaba un documento en el que los dependientes afectados expresaban que renunciaban a recibir otro servicio que no fuera la ayuda económica.
Cuando la Consejería de Salud recibía ese documento, dictaba que el proceso de solicitud de ayuda a la dependencia estaba “finalizado por expreso desistimiento del interesado”. Es entonces cuando los dependientes se enteraban “por sorpresa” y tras el largo proceso, que no iban a recibir ningún tipo de ayuda.
Sangrantes conclusiones
El Informe Anual 2015 del Defensor del Pueblo Andaluz habla de que “las quejas recibidas ponen de manifiesto lo que no funciona en el sistema”, y que aunque se trate de una realidad parcial, sirve para “visualizar la encrucijada en la que nos encontramos, donde lo que está en juego es la propia continuidad del Estado del Bienestar”.
Por eso, el gureso de las propuestos de mejora que se derivan de este informe van encaminadas al ambito de servicios sociales
