El pasado lunes por la noche, la agencia de noticias Europa Press divulgaba los contenidos de un informe de la Policía Judicial que vinculaba de nuevo a empresas investigadas en la trama Gürtel con Jerez. Dichas empresas -Special Events SL y Down Town Consulting SL, pertenecientes al Grupo Correa- fueron las adjudicatarias, por parte del Ayuntamiento -a través del Instituto de Promoción y Desarrollo-, de los servicios de promoción de la ciudad en la celebración de Fitur 2004; más exactamente, para el montaje de un pabellón en Fitur y la celebración de espectáculos ecuestres y flamencos, por un valor total de 214.027 euros. Lo grave de la cuestión es que los investigadores apuntan a que las citadas empresas efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, y que entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización.
Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Jerez ha defendido que  el citado expediente de contratación se tramitó “según la legislación vigente”, así como que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya archivó el 30 de mayo de 2011 una denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa, María José García-Pelayo, por este mismo asunto. Sin embargo, hasta el momento las explicaciones han sido insuficientes ante una cuestión que ha desatado una tormenta política en toda regla que tiene visos de prolongarse en el tiempo. Por este mismo motivo, la alcaldesa de Jerez anunciaba en el día de ayer su comparecencia “voluntaria” para responder a todas las dudas suscitadas por el citado informe de la UDEF. “Compareceré porque no tengo nada que ocultar”, afirmaba en la mañana de ayer, ancitipándose asimismo a la iniciativa que va a presentar esta próxima semana el PSOE ante el Registro Municipal del Ayuntamiento, “tal y como recoge el ROM, para que dé todas las explicaciones sobre este caso que investiga la Policía Judicial”, como anunció este sábado Miriam Alconchel, en calidad de secretaria general de los socialistas jerezanos.
Por otra parte, la alcaldesa insistió ayer a su vez que toda la información que obra en poder del Ayuntamiento y relativa a este tema ya se le ha remitido a todos los grupos municipales, incluidos los expedientes de contratación, “en los que se certifica que todo se realizó de acuerdo con la legislación vigente”. Entre la documentación también se encuentra el auto del TSJM, en el que se procede al archivo de la causa “por inadmisibilidad y, subsidiariamente por desestimación”, así como deja reflejado que “no aparecen indicios para imputar delitos a la alcaldesa de Jerez”; una cuestión, esta última, que volvió a argumentar García Pelayo para criticar al PSOE por la “interpretación malévola” del propio auto, centrándose únicamente en que el caso se archivaba porque no era competencia del TSJM.” 

Contraataque
La alcaldesa no sólo comparecerá para dar explicaciones sobre los contratos realizados para la promoción de Jerez en Fitur en 2004, sino que su grupo municipal está dispuesto a pasar al contraataque y solicitarle que dé cuenta asimismo del informe de la Intervención General del Estado acerca de la “supuesta contratación irregular, por más de siete millones de euros, de las obras para la construcción del edificio contenedor de empresas previsto para el Parque Científico, Tecnológico y Agroalimentario, llevada a cabo bajo el último gobierno socialista”, según apuntaba ayer el portavoz de los populares Antonio Saldaña.
Por otro lado, el responsable popular ha señalado que si a fecha del próximo pleno no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la carta enviada por la alcaldesa de Jerez, el grupo popular va a presentar una moción para que el resto de grupos políticos se pronuncien y soliciten a Susana Díaz que dé cuenta de todos los expedientes de la trama de los ERE y Bahía Competitiva que tienen que ver con Jerez, “porque los jerezanos tienen derecho a saberlo todo”.
Con respecto a las obras del edificio contenedor de empresas, Saldaña adelantaba ayer que la Intervención General del Estado ha declarado “nulo de pleno derecho el contrato”, ya que el Ayuntamiento -gobernado entonces por el PSOE- llevó a cabo una “aplicación discriminatoria e irregular de los criterios de valoración” de las empresas presentadas. El informe, además, determina que el Ayuntamiento debe devolver ahora las ayudas concedidas para la obra, que ascienden a más de siete millones de euros.
Las obras de construcción estaban financiadas por el Ministerio de Economía y Competitividad, con Fondos Feder, a través del Programa de Financiación de infraestructuras científicas y tecnológicas en parques científicos y tecnológicos.
  El nuevo edificio destinado a contenedor de empresas de investigación, desarrollo e innovación no sólo tenía previsto albergar las oficinas de las entidades que reciba, sino ofrecer infraestructuras muy cualificadas como espacios de investigación y desarrollo, dos laboratorios especializados y otros servicios como una sala de conferencias y diferentes estancias. Además, el proyecto contemplaba contar con las últimas tecnologías en cuanto a telecomunicaciones y responderá a un modelo de edificio con eficiencia energética.
Además el contenedor de empresas, de más de 6.000 metros cuadrados sobre rasante y otros 4.500 bajo el suelo, se perfilaba como referente en el entorno, con carácter de hito en el PCTA y con la intención de incidir en el cambio de imagen moderna que la ciudad está promoviendo.
El edificio, cuyas obras están actualmente paralizadas, empezó a levantarse en la parcela número 9, de equipamiento público del PCTA, la misma que acoge el Centro tecnológico del vino, destinado a albergar laboratorios para empresas que quieran llevar a cabo sus proyectos de I+D+i en el Parque y a convertirse en el nexo de unión entre empresarios, administración pública y grupos de investigación de la Universidad de Cádiz.
Saldaña comentaba ayer que en la comparecencia en pleno de la alcaldesa, todos los grupos tendrán debida cuenta de “las irregularidades que se ponen de manifiesto en este otro informe de la Intervención General del Estado y relativas a la etapa del gobierno del PSOE en Jerez”.