El tercer día del juicio por el caso de los asesores que se sigue en la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, sita en el edificio de Álvaro Domecq, no consiguió arrojar luz sobre los soportes documentales que acrediten el trabajo de los expolíticos andalucistas Manuel Cobacho y José López contratados por las sociedades Emusujesa y Speed Festival para asesorar al exalcalde Pedro Pacheco cuando gobernaba en coalición con Pilar Sánchez entre 2005 y 2007.
Hasta ahora lo que está claro es que los trabajadores de Emusujesa y de Urbanismo, al ser donde al parecer “despachaban” con Pacheco, los conocían, y el trasiego por el edificio de Los Arcos de la Plaza del Arenal era “asiduos”, sobre todo en el caso de López, pero lo de recoger por escrito el contenido de estos “despachos” u otras reuniones de trabajo, queda todavía bastante lejos, a juzgar por los testimonios que se prestaron en la sesión.
Sin lugar a dudas el que se explayó y bien para explicar su cometido ante el tribunal, acaparando la declaración más larga de la maratoniana sesión fue Antonio Fernández Vera, secretario de Jerez 21 Speed Festival, sociedad para la que estuvo contratado de forma “verbal” López en la etapa de 2005-2007. Empezó dando rodeos, pero acabó afirmando que “no tiene sentido” que la también entonces alcaldesa Pilar Sánchez como presidenta de la sociedad “no estuviera al tanto” de los pagos y las facturas que se emitieron, como así aseguró ella el martes ante el tribunal. “Me resulta francamente improbable que no estuviera al tanto de las personas que trabajan y del movimiento de facturas”, insistió.
“Nunca despaché con ella”
Como relató, “nunca” despachó con Sánchez, y en cualquier caso si tuvo que hablar con alguien de su partido lo hizo con el edil socialista Juan Manuel Bermúdez, al que se refirió como su “vehículo de comunicación”. Acto seguido, Fernández hablaba explícitamente de la manifiesta relación de desconfianza que existía entre los dos socios de Gobierno. “Había una vigilancia recíproca” entre el primer teniente de alcalde (Pacheco) y la alcaldesa (Sánchez) por los temas de la sociedad”. A continuación explicaba que a las oficinas de Speed Festival iba “eventualmente”, en concreto unas 4 ó veces al año, y que incluso redactaba las actas de los consejos de administración desde el edificio de la calle Consistorio. Era, por tanto, el encargado de redactar estos documentos, pero ayer aseguró que dichas actas solían ser “sucintas” y que la “principal preocupación” de los accionistas de esta sociedad era que estos documentos recogiesen “proyectos” importantes de los que se informaba en estas reuniones.
En este sentido, aclaró que aunque los contratos “de objeto social” sí se “sometían” al consejo, “es posible” que se hubiera informado del de López “y no lo recogiera el acta” tras advertir que en el consejo de administración “sólo se adoptó acuerdo” para contratar al gerente y al secretario de esta sociedad, mientras que en los otros casos “sólo se informaba”. Sobre el funcionamiento de la sociedad, también se pronunció sin problema alguno para justificar la contratación de López. “Speed Festival estaba sujeto a otra legislación, por lo que no hacían falta los requisitos de concurrencia ni publicidad a la hora de contratar”, llegó a decir.
El abogado de la acusación particular, Juan Pedro Cosano, no lo apuntaba abiertamente, pero sonreía cuando preguntaba a este trabajador ya jubilado su trayectoria en el Ayuntamiento y éste le explicaba que llegó a dirigir una oficina técnica para asesorar al exalcalde andalucista en una anterior etapa al pacto PSOE-PSA. También le rebatió su afirmación, cuando hablaba de la normativa “especial” que se seguía para contratar en la mencionada sociedad en cuanto a los criterios anteriormente descritos. La secretaria del gerente de Speed Festival en aquella época, Julia Simo, tampoco consiguió esclarecer las supuestas incógnitas de las órdenes de pago emitidas con fecha posterior a la presentación de facturas de López con cantidades diferentes. Explicó que efectivamente era la encargada de elaborar las órdenes de pago para remitírsela a su gerente hasta que diera el visto bueno para enviársela en última instancia a Pacheco. Habló de la “periodicidad” con las que se emitían estas facturas, y relató también como en un momento dado se dejaron de pagar cuando la alcaldesa, ya como presidenta de la sociedad, les devolvió una transferencia avisándoles de que no la iba a firmar. “Fue la única que nos devolvió”, dijo.
En la vista también declaró la que fuera secretaria personal de Pedro Pacheco y posteriormente jefa del gabinete de Urbanismo, Mari Paz Cañero, que no supo precisar cómo se pagaban los billetes de los viajes a Madrid de Cobacho. Eso sí, detalló que para el caso de Pacheco “había una cuenta en la GMU”, así como que los billetes “no eran nominativos”.
Tampoco dudó en ponerse a la defensiva con Cosano (la juez le llegó a pedir que moderará el tono) para negar el cariz “político” de las reuniones de Cobacho y López con Pacheco, así como su asistencia. Dijo que estas reuniones eran “a todas horas”, pero negó tener constancia de “informes” de estos encuentros.
Reuniones, pero “en bares”
El último en declarar fue Luis Flor, asesor del PSOE de 2007 a 2010 y actualmente en la Ejecutiva del PSOE. Explicó que mantuvo reuniones con López “en el ámbito de trabajo” si bien admitió que estas conversaciones fueron “en bares” sin documento alguno que las recogiera.
¿Jugaba usted al golf con Pepe López?”
El abogado de la acusación preguntó por sus aficiones al golf a varios trabajadores Emusujesa que hablaron de “coacciones” a la hora de tener que firmar un informe sobre la labor de López en esta sociedad a instancias del gerente nombrado por el PSOE tras cesar a Pacheco. Respondieron que sí, que a veces quedaron con López para jugar al golf, pero fuera del horario de trabajo.
