La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada de la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, ha presidido una primera reunión de coordinación de las instituciones firmantes del convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas, impulsado por el Gobierno central y suscrito con la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades de crédito; encuentro que supone la entrada hoy en funcionamiento de este convenio en Jerez tras fijarse un protocolo de actuación.
El convenio firmado establece que podrán acceder a estas viviendas las personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social. Estas personas desahuciadas presentarán su solicitud a la entidad de crédito correspondiente, que darán prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. A continuación las entidades financieras solicitarán a los Servicios Sociales un informe de valoración de la situación y el riesgo social de los solicitantes. También los Servicios Sociales podrán trasladar a las entidades financieras peticiones de usuarios que cumplan los requisitos.
La alcaldesa se ha mostrado satisfecha con esta primera reunión de coordinación y ha expresado su agradecimiento a las entidades financieras firmantes del convenio “porque significa una clara apuesta por la labor social. Esta mañana, las entidades financieras han puesto su sensibilidad encima de la mesa con estas 44 viviendas; y nos ha trasladado que trabajan siempre con la voluntad de impedir que el ciudadano pierda la vivienda. Fuimos los segundos en acogernos a este convenio y ya podemos decir que el Fondo Social funciona en Jerez”, ha subrayado.
Las personas podrán acceder a estas viviendas durante dos años, y un año más prorrogable, mediante un alquiler social, “a un precio bastante asequible, de entre 150 a 400 euros, dependiendo, lógicamente de las rentas que tengan estas familias; pero en todo caso, lo que se pague de alquiler nunca podrá absorber el 30 por ciento de los ingresos que tenga la familia”, ha especificado Pelayo.
El Ayuntamiento, desde que acordó suscribir este convenio por acuerdo de Pleno del 22 de febrero, esperaba su puesta en marcha porque “hay un problema grave en Jerez, como en el resto de España, de muchas familias que no pueden pagar sus viviendas y se quedan en la calle”. Ahora estas familias podrán acceder a una vivienda si cumplen requisitos como que: el desalojo se produjo a partir del día 1 de enero de 2008; que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al Iprem actual); que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad; que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad como familia numerosa, unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo de una unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de tres años o que en la unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, entre otros. “Estamos hablando de personas que se encuentran en una situación complicada, que podemos calificar de exclusión; entendemos que se trata de un alivio transitorio, de tres años, pero que les va a facilitar la vida”, ha añadido.
Este primer encuentro ha servido para fijar el protocolo de trabajo entre el Ayuntamiento y las entidades financieras con el objetivo de que se cumpla la normativa; de que haya transparencia e información en el procedimiento y en tercer algo que es lo más importante, “que sean las personas que más lo necesiten las que accedan a estas viviendas”, ha enfatizado la alcaldesa.
La alcaldesa ha matizado que junto a esta iniciativa, el Gobierno municipal que preside ha adoptado otras medidas de apoyo a las familias más vulnerables. “Emuvijesa no ha realizado ningún desahucio ni ha abierto expedientes para desahucios desde que gobierna el PP; los expedientes iniciados corresponden al anterior gobierno”, ha explicado. Además el nuevo Gobierno municipal ha aprobado también el Reglamento de Viviendas de Emergencia social, que se han incrementado de 4 a 20 viviendas, “de modo que aquellas personas que se quedan en la calle, si cumple los requisitos del reglamento, tengan un techo con carácter inmediata”.
Asimismo, García-Pelayo ha recordado la ampliación de la Casa de Acogida a familias monoparentales y las partidas específicas para atender a personas con dificultades, con una dotación de 100.000 euros en 2012 y de 150.000 en 2013 para ayudar a las familias con dificultades en el pago de sus alquileres. “Por tanto, hemos puesto en manos de los ciudadanos una batería de medidas en materia de vivienda para las familias que más lo necesitan”, ha afirmado.
Con todo, la alcaldesa ha asegurado que queda “mucho por hacer” y ha pedido el apoyo de “otras administraciones” tras reiterar el agradecimiento al Gobierno de España y las entidades del convenio. En los próximos días la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud convocará a las entidades sociales a una reunión para explicar el contenido de la reunión y el protocolo de trabajo acordado para la ejecución del convenio.
