Ni el cambio de Gobierno ni los reveses administrativos y judiciales parecen capaces de frenar el ansia segregacionista de los vecinos de La Barca de la Florida. De hecho, el Pleno acaba de aprobar por unanimidad el inicio de un nuevo expediente partiendo de la base del cambio de legislación y de la amenaza de futuro que se cierne sobre las entidades locales autónomas (ELA).
La singularidad del caso radica en el hecho de que la entidad local está ahora gobernada por el PP. El presidente de la Junta Vecinal, Alejandro López, resta importancia a este hecho e incluso asegura que la decisión ha sido ya trasladada a su compañera de partido María José García-Pelayo, que de momento no se ha pronunciado públicamente sobre el particular.
Según López, la alcaldesa ha condicionado el futuro de la aspiración de los vecinos de La Barca a lo que marque “la legalidad” vigente. No existe, o al menos eso es lo que parece, un rechazo frontal del Ayuntamiento matriz a esta petición.
El caso de Torrecera
La decisión aprobada por el Pleno de La Barca se ha producido apenas una semana después de que la Junta Vecinal de Torrecera se pronunciara en esta misma dirección. También en este último caso, el vocal que representa al PP apoyó con su voto la propuesta defendida por el presidente de la ELA, el independiente Manuel Bertolet. La documentación va a ser puesta en manos del Ayuntamiento matriz de manera inminente. A partir de ahí, el Consistorio deberá emitir los informes que considere oportunos, que se antojan claves de cara al futuro de estas aspiraciones segregacionistas.
Lo que sí parece extraordinario es que el partido que ejerce la responsabilidad de Gobierno en el municipio haya respaldado e incluso promovido las iniciativas segregacionistas en Torrecera y La Barca, respectivamente, un dato que podría alentar las esperanzas de los vecinos de unas pedanías que han creído oportuno iniciar sus caminos al margen de Jerez.
