La concejal y portavoz del equipo municipal de gobierno, María Teresa García Mellado, ha querido explicar todo lo que acontece con respecto al empresario Salustiano Muñoz del Campo. “Lo que está realizando no es más que coaccionar y chantajear. Lo ha hecho incluso hasta en el domicilio del alcalde y ahora ante los juzgados. Está muy mal asesorado. Lamento que esté teledirigido por Aldepama y por una radio ilegal, y a pesar de ello quiero reunirme con él para explicarle por enésima vez que hemos sido el único equipo de gobierno que le ha estado pagando. Ya el alcalde se reunió con él varias veces. Este señór ve las elecciones cerca y cree que así puede plantear un absurdo chantaje”.

García Mellado relata la concatenación de hechos de este asunto, que arranca a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Por una expropiación llevada a cabo a su familia se origina una deuda de aproximadamente unos ciento veinte mil euros. El equipo municipal de gobierno socialista de aquel entonces no cumplió y este señor y su familia pleiteó ante el Tribunal Superior de Justicia, obteniendo una sentencia favorable en el año 2000.

A raíz de ello, el actual equipo de gobierno se encuentra con la necesidad de atender ese pago que se originó mucho antes. Dentro de las posibilidades económicas del Consistorio se planteó en 2010 un plan de pago de cuatro mil euros mensuales. Se acometieron cuatro, habiéndose abonado dieciséis mil euros. La actual crisis hace inviable esta periodicidad. De todos los alcaldes que desde entonces han estado en el Ayuntamiento, Alejandro Sánchez ha sido el único que ha comenzado a abonar dicha deuda.

No hay que olvidar que el alcalde ha recibido en muchas ocasiones a Salustiano Muñoz del Campo, e incluso le ha atendido llamadas telefónicas a horas intempestivas. Conviene recordar que estos pagos son para la familia del indicado señor, no solamente para él, ya que sus hermanos son beneficiarios. Según fuentes de la propia familia, se tiene conocimiento de que uno de los hermanos no está recibiendo su parte, sin que en ello tenga que ver el Ayuntamiento y sí Salustiano Muñoz.

Con independencia de este asunto, este señor tiene interpuesta una reclamación por responsabilidad patrimonial ante la Administración mediante la que solicita una indemnización por valor de seiscientos mil euros en concepto de lucro cesante por no haber podido poner en funcionamiento su cuartelada en el mercado de mayoristas, algo que nada tiene ver que con la anterior deuda. El Ayuntamiento entiende y considera que esos seiscientos mil euros es una cantidad no motivada, ni argumentada, ni fundamentada jurídicamente, considerándose una “cuantía caprichosa”. A fecha de hoy no existe resolución alguna sobre esta última denuncia, y menos una sentencia judicial que obligue al Ayuntamiento a pago alguno.

En las mencionadas reuniones y llamadas telefónicas con el alcalde se han tratado estos dos asuntos. Como no se ha llegado a una solución con respecto a los seiscientos mil euros, porque el Ayuntamiento no considera ni de lejos viable dicha propuesta, es por lo que Salustiano Muñoz del Campo se desvía y utiliza la vía del chantaje, la coacción y los medios de comunicación para que, por las cercanías de las elecciones, el alcalde ceda y le reconozca dicha petición. Caso de que el alcalde hubiera aceptado habría incurrido en una presunta prevaricación y, por ello, es por lo que actualmente existen unas diligencias previas en el juzgado por delito de coacciones y amenazas, en las que ya se han decretado, como se ha dado a conocer, una orden de alejamiento de él sobre el alcalde y su familia.

No se puede consentir que en un estado de derecho se pretenda conseguir las cosas a través de las vías del chantaje y la coacción, desmarcándose del sistema y recurriendo a personajes vinculados al colectivo Aldepama y dejándose llevar por instrucciones marcadas por una radio ilegal, la cual incita no solamente a este señor, sino a otros muchos más, a que coaccionen al alcalde, cuestión ésta que no solamente está en manos de los juzgados al carecer de licencia para emitir, sino que llegará hasta la fiscalía por la incitación a la ciudadanía para cometer delitos para obtener un resultado.