El juicio contra el exalcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, por la presunta contratación irregular de 114 personas, se ha reanudado este martes en una sesión en la que los interventores municipales han considerado que la plantilla estaba "sobredimensionada".

Los contratos se llevaron a cabo entre 1999 y 2000, tras la llegada de Juárez a la alcaldía como representante del Grupo Independiente Liberal (GIL), aunque posteriormente renovó el cargo bajo las siglas del PP.

Durante la jornada de este miércoles en la Audiencia de La Línea han comparecido como testigos funcionarios municipales que participaron en el proceso de selección, auditores del Ayuntamiento, personal contratado durante el periodo en cuestión y aspirantes a un empleo que no lo consiguieron.

José Alfonso Ruiz Pau, interventor accidental entre noviembre de 1999 y enero de 2002, ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre una investigación llevada a cabo por la Cámara de Cuentas.

Ruiz Pau ha señalado que presentó una copia del plan de saneamiento en la que indicaba que había habido "un aumento espectacular" de la plantilla y que existía una "falta de consignación presupuestaria" de varios contratos.

Alfonso Badillo, interventor entre 1996 y 1999, ha contestado afirmativamente a la pregunta de si creía que la plantilla estaba "sobredimensionada".

Asimismo, ha explicado que no se le notificó la contratación de auxiliares de policías -60 según la Fiscalía-, que se enteró "estando de vacaciones", y que a su regreso indicó a la Concejalía de Hacienda que era "inviable".
Los contratos afectaban a personal de limpieza y de seguridad ciudadana.

El representante sindical de CCOO en la Policía Local, Rafael Cuevas, ha señalado que los auxiliares "hacían falta" y que hubo un proceso de selección en el que participó personalmente.

Además de Juárez, el concejal Manuel Aguilera (PP), el exconcejal Alfonso González y dos trabajadores municipales están imputados por sendos delitos de prevaricación.

El Ministerio fiscal pide para todos los acusados la inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público durante diez años.