José Enrique Fernández de Moya, alcalde de Jaén desde 2011 a 2015 y hasta  este jueves (tan pronto se nombre el nuevo Gobierno) secretario de Estado de Hacienda, vivió  ayer su momento más amargo en su  dilatada trayectoria política de más de dos décadas. El tambiénpresidente de honor del PP jienense tuvo que comparecer ayer  ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, Antonio Valdivia, en calidad de investigado en el caso de las  fuentes que denunció el PSOE. Y, aunque a su llegada a los Juzgados De Moya dijo estar tranquilo, a la salida, tras más de una hora de declaración, su semblante  serio y casi afligido, delataba la gravedad de las acusaciones que se vierten contra él y que han motivado que el juez vea indicios de hasta cinco presuntos delitos: prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

En su declaración, y a preguntas del juez, del fiscal y de la acusación particular, De Moya intentó desvincularse en todo momento de la empresa Matinsreg, la empresa de Toro (Zamora) que, según se expone en el auto, recibió a dedo la adjudicación del mantenimiento de las fuentes. Así, según las fuentes consultadas, De Moya negó  el haber firmado  ninguna de las facturas que están en el punto de mira de la investigación judicial y de la UCO de la Guardia Civil y que, según recoge el auto, al inflarse habrían supuesto un quebranto económico de 3,6 millones a las arcas municipales. Sin embargo, la supuesta firma de las facturas por el exalcalde jienense no forma parte del fondo de la causa, y sí el hecho de haberse saltado los reparos e informes del interventor, una decisión clave para autorizar los pagos posteriores a la empresa. Además, el principal responsable de la emisión de las facturas y representante de Matinsreg, Luis Gregorio González Valero (que también declaró como investigado) sí que señaló a De Moya al admitir reuniones con el exalcalde jienense. También reconoció haber mantenido contactos con la concejala Rosa Cárdenas, que fue la primera en declarar como investigada, en este caso por las órdenes de pago que habría firmado durante los días en que permaneció como alcaldesa accidental, en el verano de 2012. El cuarto investigado que tuvo que declarar fue Agustín Sánchez García, el técnico municipal que, según el auto del juez, era el que conformaba la mayor parte de las facturas de Matinsreg “sin comprobar la ejecución de los trabajos ni el empleo de los materiales que se facturaban”

Mientras tanto, fuentes de la investigación confirmaron ayer que tres nuevas personas, dos de ellas empresarios, aparecen en calidad de investigados en esta causa. Dos de ellas son empresarios vinculados al entramado empresarial que existe entorno a la empresa Matinsreg. De esta forma, se elevan a siete las personas que por el momento están siendo investigadas en esta causa. Según avanzó Radio Jaén, los tres nuevos imputados son José Merino Acero, Rodrigo García Cámara e Isidoro Hipólito Cobo Saiz, que serían los encargados de interceder o intermediar entre los responsables políticos del Ayuntamiento de Jaén y la empresa que se designó “de facto” para la prestación de servicios.  No se descarta que el juez cite como investigados a más personas.

La declaración en los Juzgados de Fernández de Moya estuvo  rodeada de una enorme expectación mediática (con presencia de la mayor parte de televisiones de ámbito nacional) y también de un   fuerte dispositivo de seguridad conformado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Fernández de Moya se encontró a su llegada con la concentración de una veintena de  representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que, portando pancartas contra la corrupción, le recibieron al grito de 'Fernández de Moya sé fuerte' y 'tenemos la solución, los corruptos a prisión'. Entre los concentrados se encontraba Andrés Bódalo, exconcejal de Jaén en Común y exresponsable del SAT en Jaén condenado a tres años y medio por agredir a un concejal socialista de Jódar  durante una protesta sindical.

Apoyos

La declaración de ayer en el Juzgado de José Enrique Fernández de Moya sirvió también para medir su influencia y peso en el PP jienense. Nada más bajarse del coche que le trasladó a los Juzgados, De Moya tuvo como principales apoyos a sus más fieles colaboradores en el partido; Miguel Contreras, coordinador general;Francisco Palacios, secretario provincial; el actual concejal de Mantenimiento Urbano de Jaén, Juan José Jódar, el diputado nacional Javier Calvente, la diputada provincial Ángeles Isac y el exdiputado y miembro de la dirección provincial Agustín Moral. Todos ellos además del jefe de prensa que el exalcalde ha tenido en la secretaría de Estado de Hacienda, el periodista Pablo Ruiz, que vuelve a Jaén al igual que su ya exjefe, Fernández de Moya. Éste, según  avanzó ayer Lacontradejaen, tendría intención ya de pedir su reingreso a la Universidad de Jaén, donde está en excedencia desde 2004 como profesor de Derecho Financiero.

Pero si reveladores fueron los respaldos que Fernández de Moya tuvo en el Juzgado, no menos significativas resultaron las ausencias. Entre ellas, la del presidente provincial del PP, Juan Diego Requena, al que apenas se ha visto con De Moya desde que ‘heredó’ la presidencia del partido en el polémico congreso del año pasado. Tampoco estuvo en el Juzgado el actual alcalde jienense, Javier Márquez, que tomó el relevo de De Moya en noviembre de 2015 y que, en los últimos meses, ha evidenciado un distanciamiento absoluto (hace meses que se evitan en todos los actos públicos) con el que siempre ha dicho que era su amigo personal.