La situación de las viviendas de  Las Protegidas, especialmente la del ‘Grupo 1060 José Antonio’,  es denigrante, escabrosa, amenazante, indeseable…y cualquier otro adjetivo que califique el peligro que supone el estado de 25 pisos, con fachada a la calle Fermín Palma, en los que residen familias.
Ya hubo desprendimientos de parte de los tejados, los balcones y la fachada de ese bloque de viviendas y la calle permanece, desde hace meses, acotada para evitar el paso de viandantes.
Vallas prohíben el paso y ocupan parte de la acera para alertar del peligro, pero desde los bloques de vecinos salen y entran todos los días sus residentes, y la alarma social se ha instaurado en el barrio. “Por el momento no se ha producido ningún percance en el exterior, pero la situación es de peligro”, señala el presidente del ‘Grupo 1060 José Antonio’, Juan José de la Torre.
A esta situación se le añade el deterioro interior de los pisos y el exterior, con bajos llenos de humedades,  pintadas que empobrecen la imagen de la zona y balcones con pancartas que recuerdan el olvido de la Junta. De ahí que  los vecinos sigan pidiendo a la Junta de Andalucía que cumpla con la rehabilitación comprometida en el año 2009. Fue entonces cuando se anunció una partida de 24 millones de euros para la rehabilitación integral de los cuatro bloques de las viviendas de Las Protegidas (seis millones por bloque) y los vecinos siguen esperando.
“La Junta se gastó casi un millón de euros en un proyecto básico de rehabilitación integral de los elementos comunes de los bloques de vivienda y habiendo comprometido los 24 millones, no los invierte. No hacen nada y tendrá que morir alguien para que actúen”, lamenta Juan José de la Torre.
Las viviendas fueron inscritas en el 2006 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Histórico-Artístico, pese a la oposición de sus propietarios e inquilinos, que reclaman a la Junta la rehabilitación o descatalogación al encontrarse “maniatados” por esa condición.
Las viviendas no han superado las inspecciones técnicas de edificios y concretamente el ‘Grupo 1060 José Antonio’  tiene una orden de desalojo, que no ha llegado y con la que los residentes han mostrado reticencias. “Nadie ha realojado a nadie y nadie ha dicho cómo van a realojar a los vecinos de los 25 pisos en peor estado. Las familias no se van a ir sin saber las condiciones y teniendo que seguir pagando las hipotecas”, recuerda Juan José de la Torre.
La única propuesta que les ha llegado a los residentes en este tiempo fue un  plan de con financiación a cuatro bandas para adecentar la imagen de las viviendas, con aportaciones económicas de la Junta de Andalucía (29%), el Ayuntamiento (29%), el Gobierno Central (34%) y los vecinos (8%), siguiendo el ejemplo del acuerdo alcanzado para la intervención en las viviendas públicas de Santa Adela, en Granada. Pero el Ayuntamiento se descolgó de ese acuerdo esgrimiendo la falta de capacidad económica municipal y aportando cualquier ayuda urbanística, como el precintado del perímetro afectado. Esto fue en marzo de 2016. Ya ha pasado más de un año.
En el pasado pleno municipal se volvió a presentar una moción, por parte de la concejala no adscrita Salud Anguita, para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento del compromiso con los vecinos, cuando un año antes otras mociones lo reclamaron.
El delegado de Vivienda, Rafael Valdivielso, señala como vía alternativa que los vecinos soliciten las ayudas a la rehabilitación, pero estos se niegan porque reconocen que la aportación económica que tienen que realizar es elevada. 
La situación, que requiere celeridad y urgencia, sigue enquistada.