La propuesta del equipo de gobierno sobre el incremento a Policía y Local y Bomberos ha caldeado tanto el ambiente político municipal que una medida prudente y responsable sería dejarla sobre la mesa y, como se ha hecho con la RPT, trabajarla más a fondo para tratar de conseguir el máximo consenso posible. Con independencia de la legitimidad de las reivindicaciones de los cuerpos a los que afecta la medida económica, el alcalde no debería ignorar el pronunciamiento contundente y demoledor del secretario general y el interventor, radicalmente contrarios a los acuerdos que se pretenden adoptar. No hay que olvidar que los funcionarios de los cuerpos nacionales están facultados para velar por la legalidad y han advertido a los responsables municipales de que se conculcan leyes y disposiciones oficiales, entre ellas las que ha promulgado el propio Gobierno del PP y más en concreto el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, cuya cara deberían mirar antes de perpetrar cualquier desvarío que pueda acarrear serias consecuencias. Es del todo punto inexplicable que la actitud del gobierno local sea la de sostenella y no enmendalla; se trata de una huida hacia adelante para congraciarse con unos colectivos y en aras de la paz social, pero con un evidente coste cuyas dimensiones no están bien medidas. Es de esperar que la imprudencia no llegue hasta el extremo de convocar a policías y bomberos al pleno, además de palmeros, para escenificar más que un conflicto serio que ha dividido al personal, un espectáculo que puede hacer historia por haber sido mal gestionado.